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05/01/2021
El informe “Cumpliendo” publicado por el Gobierno de España provee a la ciudadanía de toda la información necesaria para conocer el grado de cumplimiento de sus compromisos en el primer año de legislatura
Las medidas adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la actual legislatura permitirán construir una economía y una sociedad resilientes al cambio climático y aprovechar las oportunidades que ofrece el Plan de Recuperación
Desde la irrupción de la pandemia de la COVID19, y en el ámbito de la protección a los colectivos más vulnerables, se han ampliado las categorías de consumidores vulnerables y se han flexibilizado medidas
El MITECO ha puesto en marcha acciones para fortalecer la ambición climática tanto en términos de reducción de emisiones como de mejora de nuestra capacidad de adaptación y protección de la biodiversidad
Se ha consolidado un marco normativo para impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica
Para garantizar una transición justa, se han alcanzado acuerdos pioneros en Europa y puesto en marcha líneas de ayuda para la reactivación de los territorios afectados por el cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares
El reto demográfico se ha situado en primera línea de acción política para avanzar en la idea de una España inclusiva y cohesionada social y territorialmente

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha alcanzado un importante grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos ante la ciudadanía desde la investidura y a lo largo de la legislatura. A pesar de las dificultades de 2020, el MITECO ha acelerado sus esfuerzos para situar la transición ecológica como prioridad en la acción de Gobierno, impulsando la transformación de nuestro modelo productivo y la incorporación de un nuevo paradigma de sostenibilidad como fuente de generación de innovación, crecimiento, desarrollo económico, cohesión social y territorial y creación de empleo, sin dejar a nadie atrás.

 

Así lo constata el informe “Cumpliendo” publicado ayer por el Gobierno de España, que provee a la ciudadanía de la información necesaria para conocer el nivel de cumplimiento en todos los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en este primer año.

 

La pandemia sanitaria provocada por el COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis ambiental y sus consecuencias si no se activa de forma definitiva una transformación en profundidad de nuestra manera de entender el progreso y el desarrollo. Las medidas adoptadas en la actual legislatura permitirán construir una economía y una sociedad resilientes frente al cambio climático, capaces de aprovechar las oportunidades que ofrece la transición hacia la descarbonización.

 

En materia de energía, es fundamental adaptar el sistema eléctrico a las tecnologías renovables, cada vez más consolidadas en la generación de energía; reducir la factura energética de los consumidores domésticos, protegiendo a los más vulnerables, y de las empresas pequeñas, medianas y grandes; y facilitar soluciones a los territorios afectados por el cierre de centrales que no están o estarán en el modelo energético hacia el que avanzamos inexorablemente.

 

 

 

Los Fondos Europeos destinados a la recuperación y los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que aumentan en un 132% la partida destinada a la transición ecológica, contribuirán a consolidar las iniciativas pendientes y ya iniciadas para una recuperación sostenible, justa e inclusiva.

 

RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA

La lucha contra la pobreza energética y la protección de los consumidores vulnerables es una línea de acción prioritaria del MITECO desde su creación en junio de 2018. Como consecuencia de la irrupción de la pandemia, y en el ámbito de la protección a los colectivos más vulnerables, se han ampliado las categorías de consumidores vulnerables y se han flexibilizado algunas medidas.

 

El Gobierno ha ampliado la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas natural y agua a todos los consumidores vulnerables durante el actual estado de alarma. Esta medida será aplicable a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidos en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017. También les será de aplicación a aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro ni, por tanto, acceder a la condición de consumidor vulnerable, cumplan con el resto de requisitos establecidos en el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, mediante acreditación por los servicios sociales o por mediadores sociales ante la empresa suministradora.

 

Desde el pasado 1 de octubre está en vigor un nuevo supuesto del bono social eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables afectados por la pandemia del COVID-19 que permite acelerar y anticipar el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis.

 

Además, el MITECO continúa desarrollando medidas para dar una respuesta integral que identifique y responda a las causas estructurales que originan la pobreza energética. En aplicación de la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética, aprobada en 2018, se está desarrollando un Plan Operativo que contempla la creación de un Suministro Mínimo Vital; la puesta en marcha de un bono social energético, universal y automático que facilite la coordinación entre los distintos niveles de la Administración; y la activación de la figura del mediador social para mejorar la detección de situaciones de pobreza energética y facilitar el acceso a la información a los consumidores vulnerables, entre otras medidas.

 

EJE DE TRANSFORMACIÓN

La transición ecológica es, junto con la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, una de las grandes transformaciones que el Gobierno sitúa en el centro de su política, tal y como refleja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Ejecutivo el pasado 7 de octubre.

 

La reconstrucción verde tras la crisis del COVID se abre camino en Europa. Y España ya cuenta con un Marco Estratégico de Energía y Clima, un mapa acertado que ha dado cumplimiento a un importante número de compromisos.

 

En materia de actuaciones encaminada a fortalecer la ambición climática tanto en términos de reducción de emisiones como de mejora de nuestra capacidad de adaptación, el MITECO ha declarado la Emergencia Climática y Ambiental y ha enviado a la Comisión Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que sitúa a España en la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

 

Además, el Gobierno ha dado luz verde al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 para construir un país más resiliente a los impactos del cambio climático y promover medidas de adaptación de forma coordinada, transversal y multilateral; y a la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP) para lograr que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España sean neutras no más tarde de 2050.

 

La aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la recta final de tramitación, es una respuesta país al desafío del cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y herramientas y minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas. En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España en condiciones de aprovechar las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de impulso de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones.

 

Asimismo, Aemet ha presentado su primer informe anual sobre el estado del clima en España, que tendrá continuidad y periodicidad anual, y servirá de apoyo al PNACC.

 

 

Para impulsar una economía circular, mejorar la gestión de residuos en España y luchar contra la contaminación, el MITECO ha aprobado la Estrategia de Economía Circular, que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo asociado a creación de empleo; tramita el anteproyecto de Ley Residuos y Suelos Contaminados, que limitará el uso de plásticos de un solo uso; y ha aprobado tres reales decretos, el de traslado de residuos, el de neumáticos fuera de uso y el que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

 

El MITECO también ha puesto en marcha un Índice de Calidad del Aire que permite comprobar, en tiempo real y de forma sencilla, la calidad del aire de las estaciones de medición de la Red Nacional de Vigilancia. Además, se han hecho dos modificaciones a la Ley de Evaluación Ambiental para agilizar trámites y se han elaborado los mapas de sensibilidad ambiental para el despliegue ordenado de renovables.

 

En materia de planificación hidrológica se han producido, puesto a disposición pública y adoptado los Esquemas de Temas Importantes sobre la gestión de las aguas en todas las demarcaciones hidrográficas, estableciendo con ello las nuevas directrices para la revisión sexenal de los planes hidrológicos de cuenca que deberá completarse en 2021, ajustándonos así al enfoque del Pacto Verde Europeo, a las previsiones sobre los efectos del cambio climático, y a los objetivos y calendario de la Directiva Marco del Agua.

 

Al mismo tiempo se ha trabajado en la revisión de los planes de gestión del riesgo de inundación, cuyas nuevas propuestas habrán de adoptarse con un calendario paralelo al de la planificación hidrológica.

 

La acomodación a estas nuevas orientaciones ha requerido también un significativo cambio en la estructura organizativa de la Dirección General del Agua, modificando las atribuciones de las Subdirecciones y haciendo aparecer una específica para afrontar y coordinar los trabajos de protección de las aguas y gestión de riesgos.

 

Igualmente se han coordinado diversos ejercicios de notificación a la Comisión Europea, elaborando diagnósticos actualizados sobre la situación del saneamiento y la depuración de las aguas en España y sobre la contaminación difusa, en particular la procedente de fuentes agrarias.

 

Entre los numerosos estudios específicos realizados cabe destacar el Proyecto VATAR, de vigilancia microbiológica en las aguas residuales y de baño para la detección precoz del virus SARS-CoV-2 en España, cuyos resultados se publican semanalmente en la web del Ministerio.

 

Las acciones en el ámbito del agua han tenido reflejo en la ejecución presupuestaria, significativamente más elevada que en años anteriores, que ha estado centrada en los asuntos clave de saneamiento y depuración, de restauración hidromorfológica y demás medidas básicas con las que alcanzar el necesario cumplimiento de los objetivos ambientales, sin olvidar el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.

 

En paralelo, se ha trabajado en reformas normativas que contribuyan a los fines perseguidos y para ello, entre otros elementos, se han adoptado normas sobre seguridad de presas y documentos guía para evaluar el estado de las aguas, y se ha puesto a disposición pública el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR) y su Estudio Ambiental Estratégico, instrumento de gobernanza que despliega un conjunto de propuestas con las que revisar las estrategias de intervención para el impulso de medidas de saneamiento, depuración y reutilización de las aguas.

 

También se ha concluido el Plan para la Protección del Borde litoral del Mar Menor y aprobado una Hoja de Ruta que actualmente está en desarrollo. Además, el MITECO, en el ámbito de sus competencias, continúa trabajando en la preparación de un Programa Verde Integrado de actuaciones para la recuperación del Mar Menor.

Para continuar avanzando en la recuperación de los ecosistemas españoles, se ha aprobado la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, cuyo objetivo es consolidar una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas en España totalmente funcionales y conectadas para el año 2050.

 

Adicionalmente, se ha aprobado la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores, un real decreto para regular la importación de especies alóctonas, con el fin de preservar la biodiversidad autóctona, se ha culminado la consulta de los programas de seguimiento del segundo ciclo de las estrategias marinas, activado el Plan “Stop Atropellos de Fauna Española” (SAFE) y convocado ayudas por valor de 10,7 millones para impulsar el empleo verde a través de la Fundación Biodiversidad. 

 

En 2020, se ha avanzado en la ampliación de la red de espacios protegidos con la incorporación del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, se ha puesto en marcha el plan especial de control y vigilancia del uso del agua en la zona de influencia del Parque de las Tablas de Daimiel y se ha ultimado un plan para la protección del Delta del Ebro.

 

Al mismo tiempo se ha impulsado el marco regulador del Estatuto de los Bomberos Forestales y el de los Agentes Medioambientales.

 

HACIA UN SISTEMA ELÉCTRICO 100% RENOVABLE

Para impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo, el MITECO aprobó en junio un Real Decreto-ley (RDL) que elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. En el contexto de la recuperación tras el COVID-19, esta norma ofrece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva.

 

En cumplimiento de lo establecido en ese RDL y para facilitar el despliegue de energías limpias, se ha aprobado un nuevo marco de subastas de energías renovables –cuya primera convocatoria es el próximo 26 de enero- que trasladará de forma directa a todos los consumidores, desde el doméstico al industrial, los ahorros que implica la producción renovable, y permitirá aprovechar todo el potencial económico de la energía limpia para la reactivación económica. Además, se ha aprobado el Real Decreto que regulará los nuevos permisos de acceso y conexión para plantas renovables.

 

Para avanzar en la transición energética es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados acorde a la evolución del mercado y a los objetivos de la transición energética, que incentive el paso a tecnologías limpias.

 

Por ello, el próximo año el Ejecutivo avanzará en la tramitación del anteproyecto de Ley (APL) para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con un triple objetivo: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años. Este fondo asumirá los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). Se financiará con las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía y permitirá rebajar la factura eléctrica doméstica al menos un 13% gracias a la disminución de los cargos.

 

El MITECO también ha aprobado la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable, que va a incentivar la creación de cadenas de valor industrial innovadoras, el conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible.

 

En 2020 también se aprobaron ayudas por importe de 316 millones para proyectos renovables que permitirán contribuir a los objetivos que se ha fijado España en esta materia. Muchas de estas convocatorias ya se han activado a lo largo de este ejercicio.

Para impulsar la movilidad sostenible y aprovechar todas las oportunidades asociadas al empleo y la generación de actividad económica se ha puesto en marcha la segunda edición del Plan Moves, que ha ampliado su dotación en un 222%, pasando de los 45 millones de la edición anterior a 100 millones de euros.

 

En materia de eficiencia, se ha aprobado el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, dotado con 300 millones y extensible a zonas rurales e intermedias, y se han llevado a cabo las consultas públicas previas para la actualización de la certificación energética de edificios y para el desarrollo de comunidades energéticas locales.

 

En los próximos meses se aprobarán la Estrategia Nacional de Autoconsumo y la Estrategia de Almacenamiento, y se pondrán en marcha las Hojas de Ruta de Biogás y para el desarrollo de la Eólica Marina y las Energías del Mar en España.

 

TRANSICIÓN JUSTA

La creación de un Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la aprobación de la Estrategia de Transición Justa ha resultado claves para impulsar la reactivación de comarcas mineras y adaptar los territorios afectados a las nuevas realidades derivadas de los procesos de transformación y cierre de centrales térmicas de carbón y nucleares. Entre los principales acuerdos alcanzados en esta materia, se ha firmado con sindicatos y empresas eléctricas el Acuerdo para la Transición Justa en las centrales térmicas.

 

Además, la puesta en marcha y el trabajo realizado a través de cuatro comisiones de seguimiento ha permitido dar cumplimiento al Acuerdo Marco de Minería, con soluciones para trabajadores, creación del servicio de inserción y la inversión de 10 millones para empleabilidad.

 

Se han con adjudicados más de 110 millones de euros para 99 proyectos destinados a la reactivación de los municipios mineros.

 

Asimismo, en 2020 se ha publicado la primera línea de ayudas de 7 millones para municipios afectados por el cierre de centrales térmicas, se han convocado ayudas por 27 millones de euros para financiar proyectos generadores de empleo y desarrollo económico en zonas mineras y se ha incluido una priorización de fondos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía y de la Fundación Biodiversidad con criterios de transición justa.

 

El ITJ también ha lanzado los procesos participativos para 11 convenios de transición justa, 10 de ellos para municipios afectados por cierres de minas y centrales de carbón y el primer protocolo para un convenio de transición justa en una zona afectada por el cierre de una central nuclear. Estos procesos que han contado con la participación de más de 500 actores y más de 1.500 propuestas e iniciativas recibidas.

 

Además, se ha lanzado la consulta previa para regular la concesión de los nudos de red eléctrica en zonas de transición justa, y se han priorizado estas zonas en el desarrollo del hidrógeno verde y el almacenamiento energético.

 

RETO DEMOGRÁFICO

El reto demográfico también se ha situado en la primera línea de la acción política del MITECO. Clara muestra de ello es la creación, a comienzos de 2020, de la Secretaría General para el Reto Demográfico, con el fin de abordar la lucha contra la despoblación y avanzar en la idea de una España inclusiva y cohesionada social y territorialmente.

 

La primera Comisión Delegada del Reto Demográfico, celebrada el pasado marzo, acordó todo un marco de medidas transversales a desarrollar por el Gobierno para frenar la despoblación. Entre las que ya se han puesto en marcha se encuentran el Plan de Deslocalización de Infraestructuras Públicas, en coordinación con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), el traslado de un centro de datos de la seguridad social a Soria por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) o la deslocalización de bases del ejército por parte del Ministerio de Defensa. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO) ha aprobado el Programa de Extensión de Banda Ancha de nueva generación (PEBA-NGA), el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha impulsado el empleo joven en zonas rurales mediante el Plan de Modernización de la Formación Profesional o las Aulas Mentor y el MITMA ha activado la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que analiza las necesidades específicas de movilidad en las zonas rurales. Además, líneas de ayuda como el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios, impulsado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), son extensibles a zonas rurales e intermedias.

 

Asimismo, se han comenzado a desarrollar proyectos piloto de reto demográfico en el territorio, entre ellos uno para adaptar el modelo productivo de la impresión 3D al ámbito rural impresión, un HUB de innovación rural para zonas de montaña, o un fondo de inversión para emprendedores rurales. El MITECO colabora con diversos organismos para aportar soluciones a este reto, como es el caso de CORREOS, con el fin de simplificar trámites en las zonas rurales, o la UNED, para crear nodos locales de innovación.

 

De igual modo, la progresiva puesta en marcha de centros de innovación rural pone el foco en las zonas más afectadas por la despoblación para desarrollar proyectos sobre el territorio orientados, prioritariamente, a la fijación de población joven y a la reducción de la brecha demográfica de género en entornos rurales.

 

El reto demográfico y las políticas contra la despoblación cuentan, por primera vez, con un presupuesto propio y con el empuje de los más de 2.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ahondar en el cierre de las brechas sociales y territoriales, en el desarrollo del medio rural y en la justicia intergeneracional.

 

El MITECO ha avanzado con las Comunidades Autónomas en la elaboración de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para garantizar la igualdad de oportunidades en cualquier territorio. La puesta en marcha de una Manifestación de Interés sobre esta materia ha ayudado a identificar los proyectos tractores capaces de revitalizar el medio rural y será clave para la aprobación final de este documento.

 

                                    La aprobación de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo pone de relieve la importancia del reto                                     demográfico en la frontera con Portugal, donde ya se han identificado algunas medidas de acción prioritaria como la                                     elaboración de un estatuto del trabajador transfronterizo, la estandarización de la circulación de menores o la                                     coordinación de los servicios de emergencia a ambos lados de la frontera.

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