Diagnóstico de la situación en España

La segunda parte se dedica al diagnóstico de la situación en España. Se analizan los principales factores naturales y humanos causantes de desertificación y de los procesos que desencadenan. Así se tratan de manera breve la aridez, la sequía, la erosión, los incendios forestales, el uso no sostenible de los recursos hídricos, y los factores socioeconómicos, completándose dicho análisis con una descripción de los principales escenarios de la desertificación en España. Estos escenarios son:

  • Cultivos leñosos afectados por la erosión.
  • Cultivos extensivos de secano con riesgo de erosión.
  • Sistemas agro-silvo-pastorales afectados de sobrepastoreo.
  • Sistemas agronómicos de regadío sometidos a procesos de desertificación.
  • Matorrales degradados y eriales.

Una parte importante del diagnóstico se dedica a determinar el marco de las acciones de lucha contra la desertificación, definiéndose las distintas políticas sectoriales con influencia, tanto positiva como negativa, en la desertificación. Se estudian también las estrategias y planes sectoriales, tanto en fase de aplicación como de elaboración, que tienen relación, en algunos casos muy estrecha, con el PAND. Este marco incluye: las acciones en el contexto agrícola; acciones en el ámbito forestal; la defensa y prevención de los incendios; la gestión de los recursos hídricos; el tratamiento que de la sequía se ha dado en los últimos años; el estado de la investigación y desarrollo en la desertificación y las acciones no gubernamentales de lucha contra la desertificación.

Del mismo modo, el PAND tiene en cuenta la relación entre la lucha contra la desertificación con otras convenciones y acuerdos ambientales con los que existe una estrecha sinergia como son aquellos que se refieren al cambio climático, la diversidad biológica y los principios forestales.

Se presenta a continuación una breve sinopsis de las más relevantes medidas de lucha contra la desertificación que se están tomando en los sectores de actividad más relacionados con la desertificación, y que naturalmente forman parte del conjunto de medidas y líneas de acción específicas que constituyen el Programa de Acción Nacional.

En el sector agrario y de desarrollo rural:

  • La integración de consideraciones ambientales en la política agraria de precios y mercados, mediante la aplicación de la normativa sobre los requisitos agroambientales a los que se condicionan las ayudas directas en el marco de la política agrícola común europea, lo que se conoce como "condicionalidad".
  • Las medidas agroambientales, muchas de las cuales son acciones directas para prevenir y mitigar los procesos de degradación de las tierras.
  • La forestación de tierras agrarias, que ha supuesto efectos claramente positivos, especialmente en zonas marginales no aptas para su uso agrícola o cultivos leñosos en pendiente.

En el sector forestal:

  • La restauración de la cubierta vegetal y ampliación de la superficie arbolada.
  • La gestión forestal sostenible, a través de la ordenación de montes y de la selvicultura de mejora de las masas forestales.
  • La lucha contra incendios forestales y las actuaciones de defensa y protección del monte frente a plagas, enfermedades y daños originados por fenómenos climáticos adversos, como la sequía.

En el sector de de gestión de los recursos hídricos:

  • La elaboración por parte de los Organismos de Cuenca de Planes Especiales de Actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, y de un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever estas situaciones.
  • La creación del Observatorio Nacional de la Sequía, con el objetivo de constituir un centro de conocimiento, anticipación, mitigación y seguimiento de los efectos de la sequía en el territorio nacional.
  • La incorporación en la planificación hidrológica de la gestión y protección de las aguas subterráneas que permita el aprovechamiento sostenible de dichos recursos.
  • Las actuaciones englobadas en el Plan Nacional de Regadíos que se está desarrollando enmarcado en unas directrices que incluyen la incorporación de criterios ambientales en la gestión de tierras y aguas para evitar su degradación, la recuperación de acuíferos y la reducción de los procesos de desertificación.