Semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE

La Presidencia española del Consejo de la UE (1 julio ­­– 31 diciembre 2023) ha establecido cuatro grandes prioridades:

  • Reindustrializar la UE y garantizar su autonomía estratégica abierta
  • Avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental
  • Impulsar una mayor justicia social y económica
  • Reforzar la unidad europea

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene un papel relevante en la consecución de todos los objetivos enumerados, pero, en especial, en el de avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental.

En este sentido, frenar el cambio climático y la degradación medioambiental no es solo una obligación legal y moral. Es, también, una oportunidad inmensa. Si se lleva a cabo bien, la transición ecológica nos permitirá reducir drásticamente nuestras dependencias en energía y materias primas, abaratará sustancialmente nuestra factura eléctrica, hará más competitivas a nuestras empresas, y creará cerca de un millón de empleos, solo en esta década.

La Presidencia española hará todo lo posible para facilitar esta transición. Impulsaremos una reforma del mercado eléctrico que acelere el despliegue de las energías renovables, reduzca los precios de la electricidad y mejore la estabilidad del sistema.

Agilizaremos la tramitación de los expedientes legislativos pendientes del Fit for 55, como el paquete de Gas e Hidrógeno, y los reglamentos de eficiencia energética. Y promoveremos medidas para la reducción de residuos y microplásticos, el diseño de productos sostenibles y la generación de combustibles ecológicos. Todo para que la UE siga liderando la lucha global contra el cambio climático y lo haga creando riqueza y nuevas oportunidades en todo su territorio[MC1] .

Prioridades del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la Presidencia española del Consejo de la UE

España ha afrontado la Presidencia del Consejo de la UE con dedicación para avanzar en el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos a través de políticas energéticas ambiciosas que contribuyan a alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 y reforzar nuestra autonomía estratégica, tecnológica y energética.

El sector energético ha cambiado drásticamente desde 2020 en toda la Unión Europea. Se ha acelerado la transición energética en todos los Estados miembros, lo que hace necesario actualizar los instrumentos de planificación de los Estados. Se están actualizando nuestros Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima a 2030 y se están produciendo avances significativos en materia de gobernanza mediante la mejora de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, que tiene en cuenta los fondos Next Generation, las medidas del Plan REPower EU y la aceleración del despliegue renovable.

Las prioridades de España en materia energética se pueden resumir en tres grandes ejes: de un lado, la energía segura, sostenible y asequible, de otro, la autonomía estratégica abierta y, por último, la integración de renovables en el sector eléctrico.

La Unión Europea debe construir puentes para impulsar la agenda climática multilateral. El objetivo de la COP-28 en Dubái es realizar del primer balance global y evaluar dónde estamos respecto a los objetivos del Acuerdo de París. No se debe superar un aumento de la temperatura global de 1,5°C, por encima de los niveles preindustriales, en el contexto de un desarrollo resiliente al cambio climático. Se ha de impulsar una nueva ronda de contribuciones nacionales coherente con la ambición que reclama la ciencia.

Además, se avanza significativamente en la adopción de los reglamentos que restringen la emisión y uso de gases fluorados y de sustancias que agotan la capa de ozono.

Las medidas relacionadas con el objetivo de “Contaminación Cero” son otra prioridad. Europa debe liderar iniciativas que van desde la mejora de la calidad del aire a la aplicación de una política ambiciosa de control y restricción de las sustancias químicas peligrosas en los procesos de fabricación. Se trabaja intensamente en el control de las emisiones industriales y la transición hacia un modelo de Economía Circular, priorizándose aquellas iniciativas que tengan por objeto reducir los residuos y, más concretamente, los plásticos.

Otra prioridad estratégica es la mejora de la gestión del agua como recurso estratégico en un contexto de cambio climático, a través del avance en la depuración de las aguas residuales, la reducción de la contaminación difusa por nutrientes y de la contaminación por sustancias prioritarias, y el fomento de la circularidad del agua. La prevención y gestión de las sequías y de los aspectos cuantitativos del agua en un contexto de disminución de precipitaciones es también un asunto de la máxima relevancia.

La protección de la biodiversidad y su restauración debe ir acompañada de políticas de lucha climática y de reducción de la contaminación. Europa debe ser pionera en la implementación de los resultados de la COP-15 del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y mantener el alto grado de protección ambiental que supuso la creación de la Red Natura 2000. En 2030, el 30% de la superficie europea debe contar con figuras legales de protección ambiental. En ese mismo año, al menos 25.000 km de ríos deben haber recuperado sus características naturales.

En un momento crítico para la toma de decisiones en materia de océanos a nivel internacional, la Presidencia española impulsará el liderazgo internacional de la Unión en la protección del medio marino. El papel de los océanos como principales reguladores del clima y uno de los principales reservorios de biodiversidad obligan a impulsar soluciones que necesiten del consenso global, como son la adaptación climática en las costas, el establecimiento de áreas marinas protegidas más allá de las fronteras nacionales y un acuerdo global sobre plásticos.

La Presidencia española impulsa las actuaciones de vertebración del territorio a escala europea, fortaleciendo la cohesión económica, social y territorial, para permitir responder así a las dificultades estructurales de los territorios insulares, regiones transfronterizas y áreas marítimas y despobladas. Se fomenta la incorporación de todos los territorios a la transformación digital y el pleno aprovechamiento de la transición ecológica para la generación de oportunidades, con especial atención al fortalecimiento del vínculo entre áreas urbanas y zonas rurales.

El reto demográfico y la lucha contra la despoblación son una prioridad que requiere el fortalecimiento de una transición ecológica y digital que genere oportunidades en las zonas rurales y áreas en declive demográfico, garantizando a su vez la inclusión socioeconómica.

Se aborda la vertebración entre municipios rurales o de menor población con las áreas urbanas, se impulsa un análisis de los fondos europeos de naturaleza estructural para abordar su impacto en la lucha contra la despoblación, se incorpora progresivamente la perspectiva de la agenda urbana con una evaluación de las políticas públicas europeas en la ordenación y vertebración del territorio a todos los niveles.

Se abordan también las propuestas de la Comisión para las cuestiones de demografía y envejecimiento como dimensión clave del reto demográfico europeo. De esta manera, se avanza hacia una estrategia europea que contribuya a adaptar los sistemas nacionales de protección social a la nueva realidad del envejecimiento demográfico, también mediante la generación de una “Garantía Europea para Mayores”.