Estrategia nacional de lucha contra la desertificación y primer Plan de Implementación (2025-2028)
La Estrategia nacional de lucha contra la desertificación (ENLD), presentada en Consejo de Ministros en junio de 2022 y actualizada en 2025 por Orden Ministerial, sustituye al programa de acción nacional contra la desertificación de 2008. Esta estrategia establece un nuevo marco para las políticas e iniciativas relacionadas con la desertificación en España.
El documento marca objetivos y principios, analiza las políticas que mayor impacto tienen sobre la desertificación, elabora un diagnóstico de la situación en España (causas, impactos, principales escenarios de la desertificación y análisis DAFO) y propone medidas y acciones para mejorar la gobernanza de la lucha contra la desertificación y fomentar una gestión de las tierras que evite su degradación.
Esta estrategia ha sido elaborada por el MITECO, en colaboración con los demás ministerios, en particular con el MAPA, y con la participación de las comunidades autónomas, la comunidad científica, las organizaciones no gubernamentales y el resto de la sociedad a través de un procedimiento de participación pública.
La ENLD da cumplimiento al compromiso de España como parte afectada de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, cuyo texto señala que las partes afectadas deben elaborar, dar a conocer al público y ejecutar programas de acción nacionales y que estos habrán de actualizarse mediante un proceso de participación continuo sobre la base de la experiencia práctica, así como los resultados de la investigación.
La ENLD establece que su implementación se desarrollará a través de dos planes trienales, como instrumentos básicos para la programación de las sus acciones. El primer plan, adoptado por Orden Ministerial en 2025, recibe el nombre de Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, y establece las acciones concretas a desarrollar para el periodo 2025 a 2027. Estas acciones responden a una serie de objetivos ejecutivos, centrados en aquellos aspectos donde se han identificado mayores necesidades, como son: la gobernanza y la coordinación; la cooperación y la investigación; el seguimiento y evaluación de la desertificación; la difusión de buenas prácticas de gestión sostenible de las tierras; la planificación y ejecución de acciones y proyectos; y la comunicación y sensibilización.
