Uno de los elementos esenciales en el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas es que quienes integran las mismas tengan una actuación profesional que se ajuste a las exigencias del servicio público y a las obligaciones que les corresponden como empleados públicos, y entre ellas a la integridad de sus conductas:
- El artículo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público recoge entre los deberes de los empleados públicos el de integridad
- El artículo 53 del mismo texto señala que “Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”.
- A nivel internacional se han aprobado distintos acuerdos y recomendaciones sobre esta materia, y en España con fecha 28 de enero de 2025 se aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado. En este proceso se insiste en la conveniencia de externalizar este compromiso con la integridad para preservar la confianza del ciudadano en la actuación de los poderes públicos.
De acuerdo con lo anterior, y en el marco de la construcción de un Sistema de integridad en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por Resolución del Subsecretario se ha aprobado la creación del Sistema de Integridad del Ministerio, así como una declaración institucional de compromiso de lucha contra el fraude y la corrupción y un documento de conducta profesional o código ético de los empleados públicos del Ministerio, en el que se contienen criterios e instrucciones de actuación cuando se producen situaciones que involucren a un empleado público y puedan dar lugar a un conflicto de intereses, o en las que se plantee la procedencia o no de abstenerse de intervenir en un procedimiento.