El Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa

Sección experiencias e investigaciones del Boletín de la Red de Parques Nacionales

    El traspaso de las competencias de gestión ordinaria y habitual del Parque Nacional de los Picos de Europa a las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Cantabria, y Castilla y León, en aplicación de los criterios emanados de la Sentencia del Tribunal Constitucional 194/2004, que dedicaba buena parte de sus pronunciamientos jurisprudenciales a los parques nacionales pluriterritoriales (en aquel momento sólo el Parque Nacional de los Picos de Europa) dio lugar al inicio de una experiencia única en el ámbito del Derecho Administrativo español, cual es la derivada del traspaso de una competencia ejercida unitariamente por la Administración del Estado (si bien dentro de un sistema de cogestión con las comunidades autónomas) a los referidos entes autonómicos para que éstos, a su vez y en aplicación de los criterios derivados de la referida Sentencia, ejerzan una “gestión coordinada” del citado espacio natural protegido.

    Anagrama Consorcio Interautonómico

    Esto se logró por medio de la suscripción por los más altos representantes de las indicadas comunidades autónomas, sus presidentes, en León y en fecha 9 de marzo de 2009, de un convenio para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa, el primer convenio de gestión (pues, siendo abundantes los de cooperación, no ocurre lo mismo con los orientados a la gestión de competencias) establecido entre comunidades autónomas en nuestro país. Este Convenio precisó, previamente a su suscripción, del pronunciamiento favorable del Senado de la Nación y se desarrolló mediante la promulgación y publicación en los boletines oficiales de las tres comunidades autónomas, de sendos decretos, iguales en los tres casos, por los que se aprobaron los Estatutos del Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los Picos de Europa y de sus órganos de gestión y participación.

    A partir del traspaso de competencias y de la promulgación de los referidos Estatutos, el desarrollo de los procesos administrativos necesarios para la gestión coordinada del Parque Nacional no ha cesado, pudiendo parecer lento en un principio, pero pudiendo oponerse, a tal sensación, la dificultad del objetivo (primera competencia desempeñada, para la gestión coordinada y unitaria de un territorio indisoluble y que no entiende de fronteras, entre tres comunidades autónomas) y la época que nos toca vivir, marcada por una profunda crisis económica. Así, el mismo día 3 de febrero de 2011 (ha de tenerse en cuenta que el traspaso de competencias tuvo vigencia a partir del 1 de febrero) se constituye la Comisión de Gestión del Parque Nacional (órgano de gobierno del mismo, integrado por los consejeros del ramo de los consejos de gobierno de las tres comunidades autónomas y los directores generales respectivos de los mismos, así como, con voz pero sin voto y como una mejora en la “gobernanza” de este espacio, por un representante de la Administración General del Estado (a la sazón, el Director del Organismo Autónomo Parques Nacionales) y un Alcalde de uno de los Ayuntamientos que aportan territorio al Parque Nacional), se designan los codirectores (uno por comunidad autónoma) y se procede al sorteo por el que se establece el turno para la Presidencia del Consorcio entre las tres comunidades autónomas convenientes.

    A su vez, el 28 de diciembre de 2011 y tras un proceso singular de elección institucional y reglada por los Estatutos, de los representantes de los diferentes colectivos que participan en el mismo, se constituyó el Patronato del Parque Nacional, integrado por cuarenta y tres miembros.

    Desde entonces, han sido ya nueve las sesiones celebradas por la Comisión de Gestión (precedidas siempre por la correspondiente reunión del Comité Técnico del Parque Nacional, integrado por los jefes de los servicios competentes en materia de espacios naturales y especies protegidas de las tres comunidades autónomas y los tres codirectores y que funciona como órgano encargado de elevar las propuestas en los temas sobre los que ha de pronunciarse la Comisión de Gestión) y cuatro las llevadas a cabo por el Patronato.

    Especial relevancia en la institucionalización del Parque Nacional y del órgano instrumental para su gestión coordinada, el Consorcio Interautonómico, tuvieron las reuniones celebradas, en mayo y noviembre de 2012, entre los principales representantes (en general, con rango de director o subdirector general) de los ámbitos administrativos de función pública, presupuestos, intervención y servicios jurídicos de las tres comunidades autónomas y a partir de las cuales se pusieron las bases para la gestión en común del espacio y para el funcionamiento estructurado y coordinado del Consorcio.

    A partir de los criterios fijados por dichas reuniones, la Comisión de Gestión ha podido aprobar las bases para la gestión del presupuesto general del Consorcio, los pliegos de condiciones administrativas particulares a aplicar por el Consorcio en sus diferentes modalidades de contratación, la normativa de gestión de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el ámbito del Consorcio adaptados a la Ley 30/1992, las instrucciones para la aplicación del sistema de caja fija en el ámbito del Consorcio, la constitución y normas de funcionamiento de la mesa de contratación permanente del Consorcio, el acuerdo por el que se dispone el inicio de redacción de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional de los Picos de Europa, etcétera. Y, en 2013, el primer presupuesto del Parque Nacional.

    No cabe duda de que nos encontramos ante un proceso reglado que, en un futuro no muy lejano, llegue o no a buen puerto, será objeto de un estudio singular por los expertos en Derecho Administrativo de nuestro país, pues supone una singular experiencia de gestión compartida entre entes territoriales, que se desarrolla, para más singularidad, sobre un territorio que incluye el ámbito que primero fue dotado de un régimen de protección en nuestro país, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que se acerca ya al centenario de su declaración.

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