Todo lo que necesitas saber sobre los convenios de Transición Justa
En esta página
- ¿Qué son los Convenios de Transición Justa (CTJ)? ¿De qué impactos se ocupan y en qué zonas?
- ¿Qué son los Protocolos Generales de Actuación de los Convenios?
- ¿Cuándo se van a firmar los Convenios? ¿Cuál es el proceso para su elaboración?
- ¿Quién puede formar parte de los Convenios?
- ¿Qué son los procesos de participación pública de los Convenios?
- ¿Cómo se van a seleccionar los proyectos e inversiones de los Convenios?
- Tengo una propuesta de proyecto que me gustaría presentar en el marco de un CTJ, ¿qué debo hacer?
- ¿Cómo se han delimitado las zonas de los Convenios de Transición Justa?
- ¿Cómo se cuantifican los impactos en el empleo?
- ¿No se cuantifican impactos más allá del empleo?
- Mi municipio se ha visto afectado por el cierre de la minería: ¿Por qué no ha sido incluido en un Convenio de Transición Justa? ¿Significa esto que no recibirá ayudas para la Transición Justa?
- ¿Sólo los municipios incluidos en los CTJ podrán beneficiarse del Fondo de Transición Justa europeo?
- ¿Por qué los CTJ no adjudican unos fondos determinados por Convenio?
- ¿Por qué los Protocolos Generales de Actuación excluyen a otros agentes que participan en el Convenio? ¿Por qué no firman las organizaciones sindicales o empresariales estos Protocolos?
- ¿Por qué han cerrado las minas antes de poner en marcha los convenios de transición? ¿Se puede considerar esto una transición justa?
- ¿Por qué se cierran las centrales térmicas antes de poner en marcha los convenios de transición? ¿Se puede considerar esto una transición justa?
- ¿Cómo afecta al proceso el brote del COVID-19?
¿Qué son los Convenios de Transición Justa (CTJ)? ¿De qué impactos se ocupan y en qué zonas?
Los Convenios de Transición Justa (CTJ) son una herramienta nueva que busca atender a los impactos producidos por la transición energética y ecológica desde 2018, fecha en la que se redacta el borrador de la Estrategia de Transición Justa.
Los impactos a los que buscan dar respuesta están definidos en el Plan de Acción Urgente que se incluye en la Estrategia de Transición Justa, que se ocupa de los desafíos a corto plazo en aquellas zonas que se tenían que enfrentar por el cierre de minas a 31 de diciembre de 2018 por la Decisión 2010/787/UE del Consejo, así como por el cierre de las centrales de carbón y aquellas centrales nucleares sin planes de reconversión previos.
Para estas zonas sujetas al cierre de minas, centrales térmicas de carbón o centrales nucleares, el Plan de Acción Urgente ofrece la implementación de Convenios de Transición Justa, que tienen como objetivo que los cierres no afecten negativamente al empleo y a la población al final del proceso.
En este sentido, los CTJ tiene como indicador fundamental el empleo, constituyendo una herramienta para la reactivación de los territorios donde la transición energética y ecológica pueda poner en dificultades a las empresas y la actividad económica como resultado de los procesos de cierre recientes. Para ello buscan proponer un plan de acción territorial integral que logre el mantenimiento y creación de actividad y empleo en el territorio a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones en cierre y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico. A tal fin buscan aprovechar los recursos endógenos del territorio, ya sean económicos, sociales o ambientales, y atraer inversiones exógenas cuando sea necesario, apostando prioritariamente por aquellos sectores que también presenten mejores resultados de sostenibilidad, tanto ambiental, como económica y social. Así pues, a través de los Convenios se procederá a definir inversiones y proyectos concretos e identificar fuentes de financiación. A fin de seleccionar las inversiones y proyectos adecuados para el desarrollo del territorio, estos serán evaluados para determinar su viabilidad, sostenibilidad e idoneidad para el territorio, y serán seleccionados en base a unos criterios claros.
¿Qué son los Protocolos Generales de Actuación de los Convenios?
Los Protocolos son documentos suscritos al inicio del proceso de elaboración de los distintos Convenios entre representantes la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma, y los Entes Locales, y tienen por objetivo reflejar el compromiso expreso por parte de los diferentes niveles de la administración para la elaboración de los Convenios siguiendo un procedimiento y metodología establecidos.
Se trata de una garantía para los diferentes actores y ciudadanos de las zonas afectadas, por la que las diferentes administraciones se comprometen a un trabajo conjunto a través de un procedimiento común. Como el trabajo de los Convenios requiere un análisis diferenciado por zona de las necesidades, iniciativas y proyectos específicos, los Protocolos de Actuación refrendan el entendimiento y acuerdo inicial entre las administraciones sobre el proceder.
¿Cuándo se van a firmar los Convenios? ¿Cuál es el proceso para su elaboración?
La firma de los Convenios se producirá al final del proceso de elaboración, ya que el objetivo de los convenios es seleccionar las mejores propuestas para el desarrollo sostenible de las zonas que surjan a lo largo del proyecto en base a un análisis de viabilidad.
Los CTJ proponen trabajar en procesos bien diseñados, con amplia participación de actores, transparentes e inclusivos, pero sobre todo que constituyan proyectos integrados de desarrollo territorial que garanticen la generación y fijación de empleo en el territorio de forma sostenible en el medio y largo plazo, además de ser los más adecuados en términos ambientales, sociales y económicos y que dinamicen la transición ecológica. Se trata de unir participación social con profesionalización de los procesos.
Para ello, la elaboración de los Convenios conlleva las siguientes fases, con sus tiempos específicos:
- Delimitación del ámbito geográfico del Convenio para caza zona en base a la metodología y criterios establecidos.
- Elaboración de un documento de caracterización y diagnóstico preliminar para cada una de las zonas.
- Realización de un proceso de participación pública que permita involucrar a los distintos agentes del territorio de cada una de las zonas en la elaboración del respectivo Convenio, con especial interés en sus aportaciones al documento de caracterización y diagnóstico y sus propuestas sobre posibles proyectos e inversiones y la estrategia de desarrollo local para la zona.
- Finalización del documento de caracterización y diagnóstico en base a las contribuciones realizadas por los distintos agentes del territorio.
- Identificación final de potenciales inversiones y proyectos en cada territorio, análisis de viabilidad de los mismos y selección en base a indicadores.
- Identificación de fuentes de financiación y otras formas de apoyo que permitan la ejecución de los proyectos seleccionados.
En la sección de Procesos en Marcha puedes consultar los diferentes documentos que se han realizado ya para las distintas zonas.
Una vez concluya todo este proceso, y se tenga un plan de acción y desarrollo para la zona del Convenio, consensuado a través de la participación de los agentes del territorio, se procederá a la firma del Convenio, que recogerá todo lo anterior. En última instancia, la firma del Convenio es la culminación de un proceso complejo que busca garantizar la mejor solución de desarrollo para cada zona.
¿Quién puede formar parte de los Convenios?
Los CTJ se suscribirán entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y otras Administraciones Públicas, y buscarán la implicación de todos los niveles de la administración.
Asimismo, el Convenio fomentará la participación de empresas, organizaciones de los sectores empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, Grupos de Acción Local y demás entidades interesadas o afectadas.
¿Qué son los procesos de participación pública de los Convenios?
Los Convenios buscan la participación de todos los agentes del territorio en su elaboración, incluyendo administraciones públicas, empresas, organizaciones de los sectores empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientales no gubernamentales, agencias de desarrollo, Grupos de Acción Local y demás entidades interesadas o afectadas. El número y diversidad de las partes implicadas dependerá de los contextos sociales de cada territorio, y de las áreas de los proyectos a apoyar, pero la metodología para su elaboración debe ser participativa e inclusiva, en todas sus fases: elaboración, seguimiento y evaluación.
A tal fin, los Convenios incluyen un proceso de participación pública por el que se invita a los distintos agentes económicos, sociales y ambientales de la zona a participar y contribuir a la elaboración de los Convenios. Para ello, se les proporciona una serie de documentos para su revisión, como el de caracterización y diagnóstico de la zona, junto a cuestionario donde pueden aportar sus observaciones y contribuciones a los documentos, así como la formulación y planteamiento de alternativas de desarrollo para la zona y/o propuestas de proyectos e inversiones específicos. A través de este proceso se busca considerar conocimiento de los agentes de la zona y su visión sobre las alternativas al carbón y a la generación de energía eléctrica por combustión de carbón para la zona.
Como parte del proceso de participación, también se celebrarán a priori una o más jornadas técnicas en la que se busca establecer una discusión en base a las aportaciones recibidas. El formato de esta jornada técnica se establecerá en función de la dinámica y actividad desarrollada en las fases previas (número de participantes, grado de involucración en el proceso, etc.) y su objetivo será confirmar y, en su caso, ampliar, corregir o matizar lo recogido a través de las aportaciones de los agentes en relación a la caracterización, diagnóstico, estrategia, etc. para la zona. Asimismo, estas reuniones podrán servir para profundizar y avanzar en potenciales propuestas de proyectos para la zona.
¿Cómo se van a seleccionar los proyectos e inversiones de los Convenios?
Los instrumentos y herramientas para la selección de proyectos e inversiones variarán en función de las características y tipo de los mismos:
- En ocasiones, los proyectos e inversiones de los Convenios serán facilitados a través de nueva normativa con base en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, apartado 1 de la Disposición final segunda, que modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
- Este decreto establece que cuando se proceda al cierre de instalaciones de energía térmica de carbón o nuclear, y para promover un proceso de transición justa, la Ministra para la Transición Ecológica, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de la capacidad de acceso de evacuación de los nudos de la red afectados por dichos cierres a las nuevas instalaciones de generación a partir de fuentes de energía renovables que, además de los requisitos técnicos y económicos, ponderen los beneficios medioambientales y sociales.
- De igual modo, en su Disposición final primera el decreto establece que cuando quede extinguida una concesión debido al cierre de instalaciones de energía térmica, se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso privativo de las aguas a nuevas iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se encontraba la instalación y para el otorgamiento se ponderarán criterios económicos, sociales y medioambientales.
- En base a lo anterior, al desarrollar procedimientos, como por ejemplo concursos, se pondrán en marcha proyectos nuevos que bajo la anterior normativa no se habrían desarrollado en estos territorios, seleccionados además por su especiales contribuciones ambientales y sociales, como el empleo.
- En cambio, otras iniciativas serán apoyadas por líneas de financiación existentes o nuevas dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (ej. fondos del IRMC, IDAE) así como de otros Ministerios (ej. REINDUS, Innovación), con su propia normativa. La identificación de los proyectos durante la elaboración del Convenio permitirá hacer un acompañamiento de estos proyectos durante el proceso.
- Por otro lado, para las líneas de ayuda que se generarán específicamente para los Convenios, los criterios de selección se basarán en la creación de empleo (con especial atención a mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, discapacitados o en situación de vulnerabilidad), la contribución a factores productivos locales y otros beneficios económicos para la zona, la aportación de beneficios ambientales (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, restauración de espacios degradados, contribución a la economía circular, contribución al mantenimiento de la biodiversidad), o la aportación de soluciones de innovación (procesos, productos, comercialización, aspectos organizacionales), entre otros.
Tengo una propuesta de proyecto que me gustaría presentar en el marco de un CTJ, ¿qué debo hacer?
Puede remitir tus propuestas de proyecto a la siguiente dirección de correo electrónico para su valoración: Convenios_Transicion_Justa@tragsa.es
Por favor, tenga en cuenta que para la selección de los proyectos se utilizarán los indicadores de selección mencionados en la cuestión anterior. Asimismo, para la fase de análisis de viabilidad de los proyectos se requerirá la siguiente documentación:
- Plan de negocios
- Memoria de actividades
¿Cómo se han delimitado las zonas de los Convenios de Transición Justa?
La delimitación de los Convenios de Transición Justa se basa en una metodología y unos criterios técnicos generales que buscan definir de forma objetiva el ámbito geográfico de aplicación de los distintos Convenios de forma que sean generalizables para los diferentes territorios afectados en las distintas Comunidades Autónomas.
En concreto, la metodología de delimitación del ámbito geográfico de los Convenios busca identificar qué municipios son los que sufren una mayor afectación por los cierres de explotaciones mineras y/o centrales (en adelante instalaciones), y para ello se centra en el impacto que los cierres han tenido en términos de empleo sobre los municipios.
De forma general, la metodología establece criterios de ámbito temporal, de localización de instalaciones e impacto significativo de pérdida de empleo en base a residencia de los trabajadores, y de coherencia y desarrollo territorial.
- De acuerdo con el Plan de Acción Urgente 2019-2021, el criterio de ámbito temporal establece que sólo se consideran aquellas instalaciones en cierre a fecha de 2018, en el caso de las explotaciones mineras, y del momento en el que se solicitó el cierre, en el caso de las centrales térmicas.
- El criterio de localización de instalaciones y de impacto sobre el empleo establece que se consideran aquellos municipios donde se ubican instalaciones en cierre y aquellos que sufren un mayor impacto como resultado de los cierres, cuantificando el impacto sobre el empleo en función de la residencia de los trabajadores y su impacto sobre la población trabajadora de esos municipios.
- Finalmente, los criterios de coherencia y desarrollo territorial permiten la inclusión de municipios para garantizar la cohesión territorial del ámbito geográfico de aplicación de los Convenios atendiendo a consideraciones de continuidad geográfica, organización comarcal y pertenencia a grupos de acción local.
En cualquier caso, la delimitación no constituye un listado definitivo, y la metodología permite la inclusión de nuevos municipios en el ámbito geográfico de los Convenios si se demuestra afectación en términos de empleo en base a datos objetivos y siempre tomando como base los criterios definidos.
¿Cómo se cuantifican los impactos en el empleo?
El compromiso principal de los Convenios es el mantenimiento del empleo afectado en cada territorio por los cierres de explotaciones mineras y centrales. Por ello, cuantificar los impactos en el empleo es muy importante.
Para la cuantificación del impacto se ha tenido en cuenta fundamentalmente la afectación de los cierres en el empleo. En concreto, la metodología empleada contabiliza:
- El número de trabajadores propios de empresas mineras que estaban trabajando en una explotación minera en cierre en 2018
- El número de trabajadores de empresas auxiliares de minería que estaban trabajando para una explotación minera en cierre en 2018
- El número de trabajadores propios de las centrales térmicas a solicitud de cierre
- El número de trabajadores de empresas auxiliares de las centrales térmicas a solicitud de cierre
Esta metodología ha conllevado un exhaustivo trabajo de campo para identificar cada una de las personas trabajadoras (tanto de plantilla de la instalación como de las subcontratas) y su municipio de residencia.
En base a estos datos, se utiliza como indicador el impacto relativo que tiene el número de trabajadores afectados por los cierres residentes de un municipio sobre la población en edad de trabajar de ese municipio en comparación con el impacto relativo medio de toda la zona afectada, de tal modo que aquellos municipios con un impacto relativo mayor al de la zona afectada son considerados. Al mismo tiempo, se establece que los municipios incluidos deben representar al menos el 85% de total de trabajadores afectados por los cierres.
Aunque muchos de los empleos contabilizados en los Convenios no se perderán (ya que los trabajadores pueden ser recolocados por las mismas empresas en otros emplazamientos), se ha querido evaluar el impacto máximo de los cierres para empleo directo y de las auxiliares y en base a esto realizar un compromiso ambicioso: los Convenios tienen que apoyar las inversiones y proyectos necesarios para mantener ese número de empleos.
Así pues, los Convenios se proponen combinar la ambición climática fijada en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el PNIEC, con una ambición similar en el cumplimiento de objetivos sociales y de empleo para el acompañamiento de estos procesos de transformación ecológica.
Finalmente, el proceso de participación pública permite la aportación de información relacionada con la metodología propuesta y los datos obtenidos de tal modo que se puedan corregir posibles errores.
¿No se cuantifican impactos más allá del empleo?
Sí. Para los Convenios de Transición Justa se tiene en cuenta el impacto en los ingresos municipales ocasionados por los cierres de explotaciones mineras o centrales, que genera problemas de extrema gravedad en muchos municipios. Estos impactos quedan reflejados en los documentos de caracterización y diagnósticos de las distintas zonas.
No obstante, los Convenios se fijan como objetivo el mantenimiento del empleo al final del proceso, indicador fundamental para su desarrollo.
Mi municipio se ha visto afectado por el cierre de la minería: ¿Por qué no ha sido incluido en un Convenio de Transición Justa? ¿Significa esto que no recibirá ayudas para la Transición Justa?
No. Los Convenios de Transición Justa se enmarcan en el Plan de Acción Urgente 2019-2021 y por tanto responden a impactos recientes y de diverso en origen (minería del carbón, centrales térmicas y nucleares). Por lo tanto, en el caso de la minería los CTJ sólo consideran el cierre de explotaciones mineras a fecha de 2018.
No se debe confundir la delimitación del ámbito geográfico de aplicación de los Convenios con la zonificación de otras ayudas para la reactivación de comarcas mineras que se seguirán manteniendo independientemente de los Convenios y para las que puede ser elegible su municipio. De hecho, en algunas de las zonas incluidas en el Plan de Acción Urgente, especialmente las comarcas mineras, estos convenios son adicionales y complementan a otros compromisos y trabajos. Por ejemplo, los convenios se suman al Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027, que se desarrolló a través del Real Decreto ley 25/2018 y que garantiza medidas de apoyo inmediato a los trabajadores de minería, y plantea las modificaciones necesarias para la concesión de ayudas a municipios mineros del marco 2013-2018 y la financiación a corto plazo.
Asimismo, para los municipios mineros se ha retomado el cumplimiento de planes anteriores a través de la concesión de subvenciones para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón del marco 2013-2018 y mediante la extensión de fecha límite para el reconocimiento de las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023, por un total de 132 millones de euros. De igual modo, desde 2018 se han celebrado convocatorias de ayudas para territorios mineros orientadas a empresas de diverso tipo por un valor superior a los 17 millones de euros.
¿Sólo los municipios incluidos en los CTJ podrán beneficiarse del Fondo de Transición Justa europeo?
No. Los Convenios de Transición Justa son una herramienta de la Estrategia de Transición Justa de España, aprobada por el Gobierno como parte del Marco Estratégico de Energía y Clima en febrero de 2019.
Por lo tanto, el Marco Estratégico Energía Clima y la Estrategia de Transición Justa son anteriores a la definición y presentación del Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y el Fondo de Transición Justa de la Comisión Europea, y anticipan en parte sus contenidos.
Las zonas elegibles a la concesión de ayudas del Fondo de Transición Justa se recogerán en los Planes Territoriales de Transición Justa que los Estados miembro deben remitir a la Comisión Europea. La metodología y delimitación de los Convenios es anterior a la definición de estos Planes Territoriales de Transición Justa, y aunque servirán de trabajo anticipado para los mismos (en diagnóstico e identificación de proyectos que faciliten la absorción de fondos europeos por los territorios), no tienen por qué coincidir en su zonificación con el ámbito geográfico de aplicación de los CTJ o en otros elementos.
En cualquier caso, los CTJ anticiparán parte del trabajo, contribuirán y facilitarán el éxito de los Planes Territoriales de Transición Justa del fondo europeo, pero serán herramientas diferentes.
¿Por qué los CTJ no adjudican unos fondos determinados por Convenio?
Los CTJ no comprometen unos fondos determinados para cada territorio. El compromiso principal de los Convenios es el mantenimiento del empleo afectado en cada territorio por los cierres de explotaciones mineras y centrales. Para lograr este objetivo, los Convenios pretenden definir inversiones y proyectos concretos para cada territorio en línea con el contexto socioeconómico específico, los recursos endógenos y la senda de desarrollo local definida con la participación de los distintos agentes económicos y sociales de cada territorio.
Así pues, en función de los distintos proyectos seleccionados para cada territorio, los Convenios apoyarán el desarrollo de los mismos cuando sea necesario a través de acceso a las líneas de apoyo financiero de la Administración, asistencia técnica para ventanas de financiación europea u otra, priorización en líneas de ayudas existentes a través de puntuación adicional, o a través herramientas de política energética, como las subastas específicas de renovables.
Asimismo, para el apoyo de proyectos donde se den cierres de centrales, se mantendrán en el territorio el acceso a red y al recurso hídrico tal y como establece el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre. Esta norma regula la sustitución de la potencia térmica de carbón por potencia renovable en el mismo punto, de tal modo que el acceso a red y al recurso hídrico se lo llevarán a través de concurso los mejores proyectos para el territorio teniendo en cuenta criterios ambientales, económicos y sociales, como el número y tipo de empleos que se generen, al igual que el uso del agua que realizan las centrales pueda revertir en nuevos proyectos en los mismos municipios.
Los Convenios de Transición Justa buscan ampliar y mejorar el proceso de reestructuración de la minería del carbón que lleva teniendo lugar durante años en España. Durante años la reestructuración de la minería en este país ha aprobado en ocasiones grandes presupuestos para la generación de nuevos proyectos que finalmente no han sido ejecutados por diferentes razones, como la falta de adecuación de las líneas de ayudas, la falta de tejido empresarial en las zonas que propusieran proyectos generadores de empleo, o las distintas dificultades socioeconómicas en los territorios (infraestructuras deficientes, falta de capacitación de los trabajadores, etc.).
El trabajo a través de los Convenios pretende aprender de estas experiencias y tomar en cuenta las opiniones trasladadas por muchos actores de las zonas, que demandan centrarse más en la corresponsabilidad de las distintas administraciones con los actores en el territorio para buscar y apoyar proyectos alternativos que mantengan el empleo y la población, que en la asignación de líneas de ayuda que pueden no ser absorbidas.
Por ello los CTJ hacen énfasis en el objetivo (lo que haga falta para mantener empleo), y no solo en los medios (fondos para conseguirlo).
¿Por qué los Protocolos Generales de Actuación excluyen a otros agentes que participan en el Convenio? ¿Por qué no firman las organizaciones sindicales o empresariales estos Protocolos?
En los Protocolos las diferentes administraciones acuerdan que se van a poner en marcha procesos participativos mediante los cuales se tengan en cuenta las propuestas principalmente de los agentes económicos y sociales, como las organizaciones sindicales y empresariales.
Los Protocolos son así una garantía de acuerdo entre administraciones para trabajar en sintonía con estos agentes.
Por su parte, los Convenios de Transición Justa, que deben aprobar la lista final de medidas y proyectos, sí incluirán la firma de los agentes sociales o de las empresas que se quieran sumar con inversiones.
¿Por qué han cerrado las minas antes de poner en marcha los convenios de transición? ¿Se puede considerar esto una transición justa?
El Gobierno, constituido en junio de 2018, tuvo que hacerse cargo del cierre obligatorio de las empresas de la minería del carbón a 31 de diciembre de 2018 en cumplimiento de la normativa europea.
La Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas de estado destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, determinó un nuevo marco europeo regulador de la política de la Unión Europea aplicable al carbón subvencionado, cambiando su orientación y suponiendo una transición, para la aplicación al sector del carbón de las normas generales sobre ayudas estatales aplicables a todos los sectores. Aquellas empresas mineras que hubieran alcanzado condiciones de competitividad antes de 2018 podrían seguir funcionando después de la fecha establecida en la decisión 2010/787/UE del Consejo aunque, como prevé la citada Decisión, debían devolver las ayudas recibidas en el período 2011-2018; el resto, debían cerrar.
En el verano de 2018, y ante la posibilidad de que ninguna de las empresas minera optase por la devolución de las ayudas, el Gobierno comenzó a trabajar en el plan de acción de urgente sobre el que, hasta ese momento, no se había previsto ninguna acción de anticipación.
La situación de mayor complejidad, en el corto plazo, fue la de las empresas propietarias de los yacimientos se encontraban en una situación de concurso de acreedores o liquidación a la fecha del cierre a 31 de diciembre de 2018, por lo que no podían recibir subvenciones para su restauración, impidiendo la herramienta fundamental para evitar la caída a corto plazo del empleo. Éste era uno de los elementos más complicados a la hora de mantener el empleo en zonas mineras y para el que previamente no se había buscado ninguna solución.
El cierre de las minas se produce en cumplimiento de normativa comunitaria y el gobierno solo podía poner en marcha herramientas de acompañamiento que, hasta el momento, no se habían activado. Estas herramientas a corto plazo fueron, entre otras:
- aprobar un plan social para los trabajadores de la minería;
- aprobar un plan de restauración para desarrollar proyectos allí donde la situación concursal de las minas no permitía la canalización de subvenciones;
- aprobar una bolsa de empleo para los excedentes de las empresas mineras y auxiliares; y
- aprobar la convocatoria de ayudas y la elaboración de Convenios de Transición Justa para las zonas afectadas por el cierre.
El Gobierno ha acordado además elaborar la realización de Estrategias de Transición Justa cada 5 años justamente para que evitar casos como éste, de falta de anticipación de administraciones anteriores.
¿Por qué se cierran las centrales térmicas antes de poner en marcha los convenios de transición? ¿Se puede considerar esto una transición justa?
En los últimos años, las perspectivas de funcionamiento de las centrales térmicas de carbón españolas se han visto perjudicadas por varios factores técnicos, económicos y regulatorios.
Por ello, en junio de 2018 ya había 3 cierres solicitados por empresas y hasta final de ese mismo año las empresas solicitaron el cierre para 6 centrales más.Más recientemente, en 2019 se ha solicitado el cierre de 2 centrales adicionales.
Las únicas razones por las que se puede no autorizar el cierre de centrales eléctricas, de acuerdo a normativa nacional y comunitaria, es que se ponga en peligro la seguridad de suministro o que no se cumpla con los procedimientos establecidos para el cierre. Red Eléctrica de España (REE), como operador del sistema, ha evaluado y declarado que el cierre de todas estas centrales no pone en peligro la seguridad de suministro.
Así pues, el gobierno no puede decidir cerrar o no las centrales si la seguridad de suministro no está en peligro y si se cumplen con los procedimientos previstos para los cierres. No obstante, lo que sí puede hacer es poner en marcha las herramientas de acompañamiento que no se habían contemplado previamente.
Estas herramientas han sido:
- solicitar un plan voluntario de acompañamiento a las empresas que han solicitado el cierre de sus centrales;
- trabajar en un acuerdo tripartito para una transición justa con empresas y sindicatos;
- aprobar una nueva normativa a través del Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, apartado 1 de la Disposición final segunda, que modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, que incorpora un mecanismo para el otorgamiento de acceso que permitirá ponderar desde el primer momento tanto los beneficios técnicos y económicos como los medioambientales y sociales, incluida la generación de empleo, en el otorgamiento de permisos de acceso a la red para nuevos proyectos renovables en las zonas en transición; y
- ofrecer la elaboración de Convenios de Transición Justa para todas las zonas afectadas.
El Gobierno ha acordado además elaborar la realización de Estrategias de Transición Justa cada 5 años justamente para que evitar casos como éste, de falta de anticipación de administraciones anteriores.
¿Cómo afecta al proceso el brote del COVID-19?
El desarrollo del proceso continuará su curso, ajustándose en todo momento a las indicaciones y recomendaciones de las autoridades competentes ante el brote de COVID-19 en nuestro país. A este efecto, y como primera medida, los procesos participativos y todas las reuniones que sea preciso desarrollar en su marco se harán de forma telemática.
