La regulación básica del Estado en materia de ruido ambiental está formada por la Ley del Ruido (Ley 37/2003, de 17 de noviembre) y sus dos Reales Decretos de desarrollo. Estas normas trasponen la regulación europea (Directiva 2002/49/CE, sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental) a nuestro ordenamiento jurídico, pero tienen un mayor grado de ambición, estableciendo un marco común básico a nivel del Estado para abordar la contaminación acústica, más allá de las obligaciones establecidas a nivel de la Unión Europea.
Las tres normas básicas en España a nivel estatal se encuentran disponibles en la web del Boletín Oficial del Estado, en sus versiones consolidadas, en los enlaces que se facilitan en cada apartado.
1. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Es la norma básica en materia de ruido, estableciendo los principales conceptos, el ámbito de aplicación y la distribución de competencias. Define en qué consiste la calidad acústica y cómo ha de analizarse a través de indicadores, en búsqueda de una cierta calidad concretada como objetivos de calidad a establecer en función del tipo de territorio/uso del suelo (áreas acústicas).
De la misma manera establece aspectos básicos para la evaluación del ruido como los mapas de ruido, su prevención (a través de la planificación territorial, la intervención de la administración en procedimientos aplicables a los emisores acústicos o a las nuevas edificaciones) y la corrección de los problemas de ruido mediante Planes de Acción y delimitación de zonas específicas con problemas de ruido (protección o situación acústica especial). Por último, también establece el marco de inspección y régimen sancionador de los preceptos de la Ley.
La versión consolidada de la norma se puede encontrar en la web del Boletín Oficial del Estado:
versión consolidada BOE Ley 37/2003
Los Reales Decretos de desarrollo de esta Ley, que se recogen a continuación, amplían los preceptos relativos a estos conceptos básicos.
2. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
Esta norma es la que desarrolla en detalle los instrumentos de los que nos ha dotado la Directiva Europea del Ruido para la evaluación y gestión del ruido ambiental de los grandes emisores acústicos, recogiendo de manera pormenorizada y detallada los diferentes indicadores, las metodologías de cálculo y evaluación y otros aspectos técnicos.
La versión consolidada de la norma se puede encontrar en la web del Boletín Oficial del Estado:
versión consolidada BOE Real Decreto 1513/2005
Debe no obstante tenerse en cuenta que la web del BOE no tiene el contenido completo de este Real Decreto, que es una norma de carácter muy técnico y de gran extensión:
Apéndices A a H y Apéndice I
En particular, los Apéndices A a I de este Real Decreto, tal y como han quedado tras la Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1513/2005, se ponen a disposición de los interesados en esta web:
3. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Desarrolla muchos aspectos en los que la normativa europea es ampliada por la normativa nacional, en defensa del medio ambiente sonoro. Así, desarrolla aspectos relativos a la zonificación acústica del territorio y los objetivos de calidad acústica y valores límite a cumplir en estas áreas, las emisiones sonoras de diferentes tipos de emisores sonoros, incluyendo infraestructuras y nuevas actividades, y los procedimientos y métodos de evaluación de la contaminación acústica.
La versión consolidada de la norma se puede encontrar en la web del Boletín Oficial del Estado:
versión consolidada BOE Real Decreto 1367/2007
4. Normativa autonómica y local
Las normas anteriores tienen carácter de legislación básica del Estado. Las comunidades autónomas pueden haber aprobado normativa propia de desarrollo o que establezca normas adicionales de protección en materia de contaminación acústica, y los ayuntamientos, ordenanzas municipales sobre ruido en el ámbito de sus competencias. Por ello, además de la normativa estatal, debe consultarse la normativa autonómica y local aplicable en cada territorio.
