La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido la segunda reunión del Foro de alto nivel sobre Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes, que pretende favorecer el diálogo y la gobernanza conjunta para la implementación de las reformas e inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Durante este encuentro con representantes de empresas, de la sociedad civil y del mundo académico, la vicepresidenta ha presentado los avances en materia de medio ambiente, así como las dotaciones previstas para la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad, la preservación del espacio litoral y los recursos hídricos y la implementación de la Estrategia Española de Economía circular y la normativa de residuos.
“Las infraestructuras de saneamiento, depuración o gestión de residuos tienen la capacidad de movilizar grandes volúmenes de inversión a corto plazo y de generar un impacto estructural sobre el conjunto de la sociedad y la economía. Además, el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza y el refuerzo de la adaptación al cambio climático permite incrementar la resiliencia de las infraestructuras a la vez que preserva y protege el capital natural de nuestro país”, ha señalado Ribera.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
La conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, con una dotación de 1.642 millones de euros, se configura como un componente clave para mejorar nuestro patrimonio natural e impulsar las infraestructuras verdes en España.
Contempla actuaciones en materia de biodiversidad, restauración ecológica y gestión del medio natural orientadas a disminuir los niveles de estrés sobre las especies y los ecosistemas, apostando por actuaciones que faciliten su adaptación al cambio climático, así como los servicios esenciales que brindan.
“Todo ello supondrá un impulso a gran escala de la conservación y mejora de la biodiversidad en todo el territorio nacional”, ha manifestado Teresa Ribera. Un esfuerzo que se canalizará a través del desarrollo del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas, y que influirá en más de 100.000 hectáreas, incluyendo más de 30 instalaciones mineras abandonadas de riesgo o importantes humedales.
PRESERVACIÓN DEL LITORAL Y DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Por otro lado, el MITECO prevé reformas e inversiones por valor de 2.091 millones de euros para reducir la vulnerabilidad de los recursos hídricos y los espacios naturales costeros frente a los efectos del cambio climático, a través de restauraciones e intervenciones sobre infraestructuras orientadas a reducir la sensibilidad ante los riesgos.
Con estas actuaciones se pretende, entre otros objetivos, recuperar los acuíferos y los ríos y protegernos frente a inundaciones, mejorar la planificación y la gestión del agua, reforzar la gestión y el control de Dominio Público Hidráulico, así como la seguridad de las infraestructuras críticas, o combatir la contaminación difusa.
Las inversiones contempladas en este componente van a posibilitar la preservación y recuperación de, al menos, 200 kilómetros de litoral a través de mejoras en playas, sistemas de dunas o humedales costeros, entre otras fórmulas de intervención.
IMPLEMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
El plan de apoyo a la implementación de la economía circular y a la normativa de residuos, dotado con 850 millones de euros, está comprendido por la Estrategia Española de Economía Circular, España Circular 2030, “que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos”, ha declarado Teresa Ribera. En este sentido, la adopción del Primer Plan de Acción de la Estrategia concretará las medidas a desarrollar en el trienio 2021-2023.
En el camino hacia este objetivo, el próximo mes de mayo se aprobará, además, el proyecto de Ley de Residuos, “que completará la revisión normativa para modernizar la gestión de residuos en España y mejorar exponencialmente nuestras tasas de reutilización y reciclaje”, según ha expresado la vicepresidenta.
Las medidas del plan de impulso a la economía circular estarán complementadas por una reordenación y racionalización de la normativa de residuos, con nuevas normas que regulen la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, modernicen la gestión de residuos municipales en España y establezcan nuevas obligaciones en materia de recogida separada de residuos y su tratamiento.
La vicepresidenta ha querido destacar la “excelente acogida” del lanzamiento de la Manifestación de Interés de Economía Circular en el ámbito de la empresa realizada desde el MITECO, en la que se presentaron cerca de 1.300 proyectos centrados en avanzar en la circularidad de los modelos de producción y consumo en empresas. “Estos ejemplos de participación del sector privado son de gran utilidad para diseñar y calibrar los instrumentos de ejecución del plan, en base a la máxima eficiencia en la implementación de los recursos y al desarrollo de capacidades tecnológicas, industriales y de conocimiento en el país”, ha señalado Ribera.
EJECUCIÓN DE FONDOS Y TERRITORIALIZACIÓN
Asimismo, ha recordado que el 31% del total de la cuantía atribuida en el plan de recuperación a los componentes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se ha adelantado a los Presupuestos Generales del Estado de 2021. “Este adelanto de fondos, junto a la labor ya desplegada, van a permitir una rápida ejecución una vez se apruebe formalmente el plan de recuperación”, ha destacado Ribera.
En este sentido, tal y como ha señalado la vicepresidenta, ya se han activado y aprobado mediante Conferencia Sectorial los criterios de reparto territorial a favor de las Comunidades Autónomas de los primeros instrumentos de ejecución para los siguientes proyectos: corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna (60 millones de euros), saneamiento y depuración para aglomeraciones menores de 5.000 habitantes (100 millones de euros) y apoyo a la implementación de la normativa de residuos y al fomento de la economía circular (421 millones de euros).