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Hoy en Consejo de Ministros

22/03/2022

La nueva norma define los criterios exigibles a los productores y gestores de residuos y concreta la cuantía de las garantías financieras, su vigencia y las cuestiones necesarias para que los implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir más fácilmente con sus obligaciones

De este modo, dota de instrumentos a las personas o empresas que puedan verse afectados como consecuencia de la actividad de instalaciones de tratamiento y gestión de residuos, para poder resarcirse por los daños o pérdidas sufridas

También se establecen criterios comunes en todo el territorio nacional para proporcionar más seguridad a los operadores de residuos

El Consejo de Ministros, a petición de los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado un real decreto sobre garantías financieras en la gestión de residuos. La nueva norma define los criterios exigibles a los productores y gestores de residuos y concreta aspectos como el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones, su plazo de vigencia y todas las cuestiones necesarias para que los agentes implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir con mayor facilidad sus responsabilidades y obligaciones.

 

De este modo, el real decreto facilita a los operadores de residuos la constitución de instrumentos financieros, como los seguros de daños a terceros, que ayudarán a las personas o empresas que puedan verse afectadas como consecuencia de la actividad de las instalaciones de tratamiento de residuos, a resarcirse por los daños o pérdidas que puedan sufrir en sus bienes. Ello permitirá reducir la litigiosidad y facilitará la resolución de eventuales conflictos que puedan surgir entre los gestores de residuos y las personas afectadas por daños causados por su actividad.

 

Al mismo tiempo, posibilita que las autoridades competentes dispongan de mayores facilidades para obtener la compensación económica que corresponda, en el caso de incumplimiento de las responsabilidades exigibles a los gestores y productores de residuos, no teniendo que recurrir al presupuesto público para hacer frente a los mismos.

 

CRITERIOS COMUNES EN TODO EL TERRITORIO

Hasta ahora, cada comunidad autónoma contaba con criterios diferentes a la hora de determinar cómo se constituían las garantías financieras, qué instrumentos financieros se podían usar y los criterios a tener en cuenta para calcular la cuantía de las garantías financieras a constituir por las partes afectadas. Con este nuevo real decreto se establecen pautas comunes en todo el territorio nacional y se proporciona más seguridad a los operadores de residuos, lo que tendrá un efecto positivo sobre la competitividad del sector.

 

Este real decreto no viene a crear nuevas obligaciones ni a establecer cargas administrativas suplementarias, sino que facilita que los productores, gestores de residuos y otras figuras como los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que ya estuvieran obligados por la ley de residuos y otras normas en vigor, puedan cumplir con sus obligaciones y atender a sus responsabilidades sin poner en riesgo la viabilidad económica de sus empresas.

 

Este real decreto se corresponde también con lo previsto en la futura Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se encuentra actualmente tramitación parlamentaria, ya que la futura Ley prevé para las garantías financieras un régimen análogo al de la normativa vigente.

 

ADAPTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN PARA PANELES FOTOVOLTAICOS

Por otro lado, esta norma adapta la clasificación de los paneles fotovoltaicos que contienen teluro de cadmio. La clasificación actual según la legislación vigente solo permitía catalogarlos como residuos peligrosos. Sin embargo, y dado que esta sustancia está presente en algunos modelos en poca cantidad, esos paneles pueden ser residuos no peligrosos conforme los resultados de la evaluación de la peligrosidad de acuerdo con lo que establece la normativa de residuos. Por ello se hace necesario adaptar la normativa y contemplar ambas posibilidades, es decir, su clasificación como residuo peligroso y no peligroso para así, en ambos casos, destinarse a los tratamientos adecuados a sus características. 

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