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Carta de la vicepresidenta Teresa Ribera

30/07/2020
• Para la licitación de la obra, el MITECO está pendiente de que La Xunta de Galicia acredite la inexistencia de autorizaciones otorgadas para actividades de pesca y marisqueo en la zona. Se trata de un requisito previo e imprescindible recogido en la Ley de Contratos del Sector Público
• Para terminar de regenerar este enclave, en cuyo saneamiento el Ministerio lleva invertidos hasta la fecha más de 110 millones de euros, se ha redactado un proyecto de dragado que permitirá retirar el material que ahora contamina la ría, mejorando la calidad de sus aguas y, con ello, la recuperación, productividad y calidad de los bancos marisqueros allí localizados

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dirigido hoy, jueves 30 de julio, una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, con el fin de desencallar la situación en la que se encuentra el proyecto de regeneración de la ría de O Burgo (A Coruña).

 

Desde el pasado mes de marzo, y a través de diversas instancias del Minsterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se ha pedido a la Xunta de Galicia que acredite la inexistencia de autorizaciones vigentes para actividades de pesca y marisqueo en la zona. Se trata de un requisito imprescindible –recogido en la Ley de Contratos del Sector Público–, previo a la licitación del mencionado proyecto de dragado ambiental de los sedimentos en la ría de O Burgo.

 

 

La ría de O Burgo, cuyos municipios ribereños son A Coruña, Culleredo, Cambre y Oleiros, se encuentra deteriorada debido a los vertidos que ha venido recibiendo a lo largo de los años y que han afectado gravemente a la calidad de sus aguas.

 

Con el fin de terminar de regenerar este enclave, en cuyo saneamiento MITECO  lleva invertidos hasta la fecha más de 110 millones de euros, se redactó el proyecto de dragado, cuya ejecución permitirá retirar el material que ahora contamina la ría, mejorando la calidad de sus aguas y fomentando, con ello, la recuperación, productividad y calidad de los bancos marisqueros allí localizados. 

 

El proyecto ha sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto  ambiental y cuenta con financiación a cargo de los Presupuesto Generales del Estado (PGE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El acceso a esta financiación europea se consiguió gracias a la tramitación de MITECO que, a propuesta de la Xunta de Galicia, consiguió que se destinaran a este proyecto fondos inicialmente asignados a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Santiago de Compostela.

 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

Tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación y a la licitación de las obras, debe procederse al replanteo de los terrenos. Es decir, debe comprobarse la situación exacta en la que están los terrenos afectados, con el fin de garantizar  que están real y plenamente disponibles.

 

Esta cuestión es de especial relevancia teniendo en cuenta que en la zona donde está proyectada la actuación de dragado se desarrolla actividad marisquera en virtud de las autorizaciones otorgadas por la Xunta de Galicia, en ejercicio de sus competencias.

 

Tal y como se le ha reiterado en numerosas ocasiones a la Xunta, en consonancia con la jurisprudencia existente, la titularidad de los terrenos donde debe ejecutarse el proyecto –calificados como dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, de titularidad del Estado–, no exime a la administración autonómica de su obligación de acreditar la inexistencia de actividades de marisqueo sobre dichos terrenos con anterioridad a la aprobación del expediente de contratación y a su licitación.

 

El informe emitido por la Abogacía del Estado a este respecto indica que la existencia de esas autorizaciones de marisqueo, otorgadas por la Xunta de Galicia sobre los terrenos afectados por la obra de dragado de la ría de O Burgo, limita la disponibilidad de los terrenos a los efectos del replanteo de la obra previsto en el artículo 236.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.

 

Esta circunstancia impediría certificar dicha disponibilidad y, con ello, licitar la obra, a pesar de que desde el MITECO el proyecto está listo para iniciarse desde hace meses. La administración autonómica ha sido advertida sobre esta cuestión desde el pasado mes de marzo.

 

Por lo tanto, el contrato para recuperar ambientalmente la ría de O Burgo a través de su dragado no podrá licitarse, por imperativo legal, hasta que la Xunta haga posible la certificación de que los terrenos se encuentran real y plenamente disponibles para llevar a cabo las obras, en los términos exigidos por el Ordenamiento Jurídico.

 

La demora en este trámite por parte de la Xunta paraliza el avance de este proyecto y obstaculiza la recuperación de una valiosa zona de Galicia y de España. 

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