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Actualización de indicadores de pobreza energética

12/11/2020
Los datos reflejan una mejora con respecto a 2018 y se sitúan en valores similares o inferiores a los de 2016, tras el repunte observado en 2017
El Gobierno aprobó el pasado 29 de septiembre la inclusión de un nuevo supuesto en el Bono Social Eléctrico para proteger a los consumidores vulnerables afectados por la pandemia del COVID-19

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publica el Informe de Actualización de Indicadores 2020 de pobreza energética, que recoge los datos de 2019 para mejorar el conocimiento y el abordaje de esta problemática y cumplir con el compromiso adquirido tras la aprobación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 (ENPE). El análisis realizado muestra una mejora en todos los indicadores utilizados para medir este fenómeno con respecto a 2018, que se sitúan en valores similares o inferiores a los de 2016, tras el repunte observado en 2017.

Los datos muestran el avance que se está produciendo en la lucha contra este problema y reflejan el efecto de las medidas de acción establecidas por la ENPE, que se empezaron a implantar en 2018. Destaca el descenso de los valores de temperatura inadecuada en la vivienda en invierno y de retraso en el pago de facturas de suministros de la vivienda. También disminuye el indicador de gasto desproporcionado y el de pobreza escondida en hogares.

Pese a la mejora generalizada de los datos, si se realiza una comparación de los cuatro indicadores, se puede concluir que los problemas que afectan a una mayor parte de la población siguen siendo el gasto energético desproporcionado y la pobreza energética escondida. En 2019, un 16,7% de los hogares poseían un gasto energético desproporcionado -es decir, un gasto energético sobre los ingresos superior al doble de la mediana nacional-, una cifra ligeramente inferior al 16,9% del año anterior. Además, el 10,6% de los domicilios estaban afectados por la pobreza energética escondida, lo que implica un gasto energético absoluto inferior a la mitad de la mediana nacional. Este valor ha disminuido 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2018.

Por su parte, el 7,6% de la población tuvo problemas para mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno, cifra que mejora 1 punto porcentual y medio con respecto a 2018. Asimismo, un 6,6% de la población tuvo retrasos en el pago de facturas de suministros de la vivienda, un valor que refleja el mayor descenso de los últimos años: 0,6 puntos porcentuales.

Tanto el gasto desproporcionado como el porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en invierno reflejan el nivel de eficiencia energética de los hogares, mientras que la pobreza energética escondida y el porcentaje de hogares con retraso en el pago de facturas están directamente relacionados con la necesidad de una medida prestacional a corto plazo que garantice el suministro eléctrico.

Además, el informe refleja que estos indicadores obtienen valores más altos en hogares con personas desempleadas, con rentas bajas -del primer quintil-, en pisos con alquiler de renta antigua y en hogares sin calefacción.

MEJORAR EL ABORDAJE DE LA POBREZA ENERGÉTICA

La pobreza energética, definida como la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente, y que puede ser agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía, es un fenómeno complejo cuya aproximación demanda un análisis multidisciplinar y actuaciones coordinadas.

El Gobierno se comprometió a la actualización periódica de los indicadores de pobreza energética con objeto de mejorar el conocimiento sobre este problema, profundizar en la realidad social de nuestro país y mejorar su abordaje mediante el diseño de medidas eficaces que ayuden a combatirla. “Hemos querido poner a las personas y, en concreto, a las más vulnerables, en el centro del Marco Estratégico de Energía y Clima. Por eso, desde el primer día trabajamos en el diseño de mecanismos que nos permitan fortalecer la respuesta, no solamente coyuntural, sino de fondo, a problemas tan importantes como este”, destaca la vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En concreto, la Estrategia de Pobreza Energética incluye una medida en el eje destinado a “Mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética” que prevé la publicación periódica de indicadores para facilitar un seguimiento anual de la evolución de este problema en España y del efecto de las medidas a corto plazo para su mitigación.

El informe analiza la evolución en 2019 de la pobreza energética en España respecto a años anteriores a través de cuatro valores propuestos por el Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV), adoptados en la ENPE como indicadores principales para monitorizar su seguimiento en nuestro país.

NUEVO SUPUESTO DE CONSUMIDOR VULNERABLE

El Gobierno dispone de herramientas para mitigar este problema, como el Bono Social Eléctrico y el Bono Social Térmico. Con objeto de facilitar el acceso a estas medidas a los nuevos consumidores vulnerables como consecuencia de la pandemia del COVID-19, el Gobierno aprobó el pasado 29 de septiembre la inclusión de un nuevo supuesto del Bono Social Eléctrico en el marco de las medidas de ampliación del Escudo Social, permaneciendo vigentes el resto de supuestos de acceso a este bono.

“En el contexto de esta crisis, tenemos que trabajar mucho más y mejor en el marco de la ENPE. Por eso ya hemos activado los mecanismos para facilitar el reconocimiento anticipado de la condición de vulnerabilidad energética para que estas personas puedan beneficiarse de todo lo que Estrategia prevé, desde prohibiciones de cortes de suministro hasta reducciones en la factura, con plazos de preaviso para el consumidor que no llega a la categoría de vulnerabilidad extrema”, explica la vicepresidenta.

Esta herramienta acelera y anticipa el reconocimiento de vulnerabilidad a los afectados por esta crisis y concentra la protección en ellos. Dado que el corte de suministro está prohibido a los beneficiarios del Bono Social en determinadas condiciones, el nuevo supuesto amplía la protección de la población más afectada por las consecuencias económicas de la pandemia.

La inclusión de este supuesto permite, desde el 1 de octubre, el acceso al Bono Social Eléctrico a los hogares en los que, al menos, un miembro de la unidad familiar se encuentre en situación de desempleo, esté incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo o haya visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados. También podrán acogerse a este supuesto los empresarios que afronten circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos.

La principal novedad de esta medida, que sigue los mismos criterios de renta que los del Bono Social como consumidor vulnerable, es que basta con una declaración responsable del titular para acceder a la prestación, lo que facilita que todos los hogares que lo necesiten puedan disponer del Bono Social Eléctrico de forma inmediata.

Esta nueva herramienta tiene por objeto continuar ampliando las medidas de acompañamiento tras el fin de la prórroga de prohibición de cortes de luz, agua y gas para todos los hogares en la primera declaración del Estado de Alarma, desde el 14 de marzo hasta el 30 de septiembre.

Además, los hogares beneficiarios del Bono Social Eléctrico recibirán en 2021 el Bono Social Térmico para sufragar los costes de climatización.

PROHIBICIÓN DEL CORTE DE SUMINISTRO

La medida también protege de los cortes de suministro a los consumidores más vulnerables mediante su prohibición o el acceso a plazos más largos desde la notificación hasta que sea efectivo.

En concreto, no se puede suspender el suministro eléctrico a los usuarios en condición de consumidor esencial, es decir, si se encuentran bajo alguna de las siguientes circunstancias:

a)     Ser consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social

b)     Ser beneficiario del Bono Social y, para su aplicación, haber acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya, al menos, un menor de 16 años

c)      Ser beneficiario del Bono Social y encontrarse el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar a la que pertenece en situación de dependencia reconocida de grado II o III

d)     Ser beneficiario del Bono Social y tener el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar a la que pertenece una discapacidad reconocida igual o superior al 33%

 

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