El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado este martes un real decreto para impulsar la conservación de las praderas de fanerógamas marinas en el Mediterráneo español, uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico del medio marino.
La norma establece un marco jurídico común de protección para las praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, con el objetivo de prevenir los impactos que afectan a estos hábitats y promover su conservación y restauración.
Las praderas de fanerógamas marinas constituyen uno de los ecosistemas de mayor valor ecológico del Mediterráneo por su elevada biodiversidad y por los servicios ambientales que proporcionan. Forman extensas comunidades que pueden tardar décadas en recuperarse cuando sufren daños.
Estas praderas actúan como importantes sumideros de carbono, contribuyen a mejorar la calidad del agua y sirven de refugio y zona de cría para numerosas especies marinas. La aprobación del real decreto contribuye a la protección de estos ecosistemas y a la preservación de la biodiversidad marina, alineándose con los compromisos europeos de conservación, restauración de la naturaleza y de resiliencia frente al cambio climático.
PRINCIPALES MEDIDAS
El real decreto establece un régimen general de protección para las praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, con el objetivo de prevenir los impactos que puedan provocar su deterioro o alteraciones significativas en estos hábitats, asegurando la conservación de unas comunidades vegetales que desempeñan un papel esencial en el equilibrio ecológico del Mediterráneo.
En las zonas donde se localizan estas praderas se establecen limitaciones al establecimiento de nuevas instalaciones e infraestructuras como gasoductos, oleoductos, cables submarinos, conducciones para vertidos o captaciones de agua de mar, infraestructuras portuarias o de defensa de la costa, proyectos de regeneración o creación de playas que afecten a estos hábitats o infraestructuras de energías renovables en el medio marino.
La norma también introduce restricciones a determinadas actividades potencialmente contaminantes, como vertidos líquidos o sólidos que puedan alterar el estado de estos ecosistemas, así como limitaciones a la implantación de nuevas instalaciones de acuicultura o puntos de vertido próximos a estos ecosistemas.
REGULACIÓN DEL FONDEO Y GESTIÓN DE ARRIBAZONES
El real decreto prohíbe el fondeo de embarcaciones sobre estas praderas, una de las principales causas de degradación de estos hábitats y promueve la instalación de sistemas de fondeo de bajo impacto, diseñados para minimizar los daños sobre el fondo marino y compatibilizar los usos recreativos con la conservación de estos ecosistemas.
Además, el texto aborda la gestión de los restos vegetales de estas especies que se acumulan en las playas, conocidos como arribazones, reconociendo su función ecológica y promoviendo criterios de gestión compatibles con la conservación del ecosistema costero.
MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y SEGUIMIENTO CIENTÍFICO
El real decreto refuerza también el conocimiento científico y el seguimiento del estado de conservación de las praderas de fanerógamas marinas.
Para ello, establece la elaboración y actualización de la delimitación cartográfica de las praderas, una herramienta fundamental para mejorar la planificación de usos en el medio marino y facilitar la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico.
Asimismo, la norma impulsa programas de seguimiento, investigación y restauración, destinados a evaluar la evolución de estos hábitats y promover su recuperación en aquellas zonas que hayan sufrido procesos de degradación.
MARCO JURÍDICO HOMOGÉNEO A NIVEL ESTATAL
El real decreto establece un marco jurídico común para la protección y conservación de las praderas de fanerógamas marinas, confiriendo a estos hábitats un régimen de protección básico de aplicación en todas las aguas marinas del litoral mediterráneo.
Se establece así un marco homogéneo para la protección de estos ecosistemas que permite, a su vez, que las comunidades autónomas desarrollen medidas regulatorias y de gestión adicionales en aquellos espacios marinos protegidos en los que exista continuidad ecológica entre el ecosistema marino y el terrestre.
Asimismo, la Administración General del Estado impulsará la coordinación y cooperación entre administraciones para garantizar una aplicación coherente y eficaz de las medidas de conservación establecidas en la norma.