El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el real decreto por el que se desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, que permitirá reforzar la protección de estos corredores de dominio público y preservar su continuidad a través de las distintas comunidades autónomas.
La norma desarrolla las previsiones de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y concreta los trazados y tramos que forman parte de la Red Nacional, cuya longitud aproximada asciende a 11.393 kilómetros. El texto recoge las grandes cañadas reales y otros itinerarios tradicionales de la ganadería extensiva, así como los tramos que los componen y los pasos interfronterizos incluidos en la red.
El real decreto tiene como objetivo prioritario garantizar el tránsito ganadero y favorecer la práctica de la trashumancia, al tiempo que reconoce el papel de las vías pecuarias en la conectividad ecológica, la conservación de la biodiversidad y la protección del patrimonio histórico y cultural asociado a los paisajes rurales.
MÁS PROTECCIÓN Y SEGURIDAD JURÍDICA
La identificación de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional permitirá mejorar la delimitación y el conocimiento de estos terrenos de dominio público, así como reforzar su defensa frente a posibles intrusiones y ocupaciones. La norma establece también mecanismos para actualizar la información sobre sus trazados y facilitar su coordinación con el Catastro y el Registro de la Propiedad.
Asimismo, se prevé la publicación de información actualizada sobre las vías pecuarias, sus tramos, cartografía digital, situación administrativa y actuaciones relacionadas con su clasificación, deslinde o modificación. Esta información se integrará en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Banco de Datos de la Naturaleza.
El texto crea, además, el Fondo Documental de Vías Pecuarias, que reunirá documentación histórica, planos, antecedentes y resoluciones administrativas para mejorar el conocimiento de estos itinerarios y facilitar el acceso a la información por parte de las administraciones y las personas interesadas.
COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
El real decreto establece un marco común de cooperación institucional para garantizar la coherencia y continuidad de los itinerarios que atraviesan varias comunidades autónomas. Para ello, contempla la elaboración de un Programa de Acción de la Red Nacional, que fijará los objetivos, las prioridades y las medidas necesarias para mejorar su conservación y gestión.
La Administración General del Estado ejercerá las funciones de definición, coordinación e información de la Red Nacional, mientras que las comunidades autónomas mantendrán sus competencias de administración y gestión de las vías pecuarias en sus respectivos territorios, así como de clasificación, deslinde y amojonamiento.
La norma crea también el Comité de Vías Pecuarias como órgano de coordinación de las actuaciones en esta materia, con el fin de reforzar la colaboración entre las administraciones implicadas.
UN PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL LIGADO AL MEDIO RURAL
Las vías pecuarias constituyen una infraestructura histórica vinculada a la ganadería extensiva y a los movimientos estacionales de los rebaños. Su conservación contribuye también al mantenimiento de las razas ganaderas autóctonas y los pastos asociados, a la diversidad biológica y a la conectividad de los ecosistemas.
Además de su función prioritaria para el tránsito ganadero, estos itinerarios pueden acoger usos compatibles y complementarios, como el ecoturismo y otras actividades contempladas en la normativa autonómica, siempre que se garantice su finalidad principal.
Su conservación puede contribuir igualmente a la prevención de incendios forestales mediante el mantenimiento de discontinuidades en el paisaje y al desarrollo socioeconómico de los territorios rurales.
La regulación aprobada se enmarca en los instrumentos de planificación ambiental y forestal que reconocen las vías pecuarias como elementos relevantes de la infraestructura verde y de la conectividad ecológica, así como en la protección de la trashumancia, reconocida como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial en España e inscrita en 2023 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.