La lucha contra la desertificación ha cobrado relevancia en la nueva agenda ambiental y de desarrollo sostenible debido a su impacto global y su relación con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La desertificación es un desafío ambiental significativo que afecta a zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, y se ha convertido en una prioridad para las políticas internacionales.
La desertificación y la sequía amenazan seriamente los medios de subsistencia de más de 1.200 millones de personas en todo el mundo, que dependen de las tierras para satisfacer la mayoría de sus necesidades, constituyendo un problema global de carácter económico, social y ambiental. Estos fenómenos menoscaban la productividad de las tierras y la salud y prosperidad de las poblaciones de la tercera parte de la superficie terrestre (más de 110 países). Aunque la desertificación afecta en mayor medida al continente africano, el problema no se circunscribe a ese continente, afectando también, entre otros, a los países del Mediterráneo.
El interés de las Naciones Unidas por combatir la desertificación se remonta a 1977, año en que se celebró la Conferencia de Nairobi sobre Desertificación, primer hito institucional en el reconocimiento del problema a escala global. Posteriormente, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) impulsó la necesidad de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en esta materia, lo que cristalizó en la aprobación, el 17 de junio de 1994, de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África (CNULD). Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, 90 días después de depositarse la 50.ª ratificación. España ratificó la CNULD ese mismo año, adquiriendo el rango de Tratado Internacional de obligado cumplimiento para nuestro país, y declarándose país Parte afectado.
La CNULD tiene como objetivo (art. 2) “luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación”. Para ello, establece la necesidad de que todos los países signatarios que se declaren afectados, como España, elaboren y ejecuten un programa de acción nacional contra la desertificación.
El texto de la Convención se aprobó con cuatro anexos específicos de aplicación regional, definidos en función de sus características socioeconómicas, geográficas y climáticas comunes, para África, Asia, América Latina y el Caribe y el Mediterráneo Norte, que contienen elementos relativos a la preparación de los programas de acción, a su enfoque y contenido exactos para las regiones y subregiones específicas. En el año 2001 se incorporó otro Anexo de aplicación regional para Europa Central y Oriental. España forma parte del anexo IV, del Mediterráneo Norte, junto a otros países europeos como Italia, Portugal, Hungría o Grecia.
Órganos de la CNULD:
La CNULD se articula a través de distintos órganos que garantizan su gobernanza, seguimiento y base científica:
- Conferencia de las Partes (COP): órgano supremo de decisión formado por las Partes (197 países + la Unión Europea) que han ratificado la Convención. Se encarga de promover la aplicación efectiva de la CNULD y aprueba su programa y presupuesto. Se reúne cada 2 años.
- Secretaría: se encarga de organizar las sesiones de la COP y los otros órganos subsidiarios, prestar apoyo administrativo, técnico y logístico, y fomentar la coordinación con las secretarías de otras Convenciones y Organismos internacionales.
- Comité de ciencia y tecnología (CST): órgano subsidiario de la COP, que proporciona asesoramiento científico y técnico, identificando prioridades de investigación en desertificación, degradación de las tierras y sequía.
- Comité de examen de la Aplicación de la Convención (CRIC): órgano subsidiario que apoya a la COP en la evaluación de la aplicación de la Convención mediante la revisión y análisis de los informes nacionales.
De forma complementaria, la Interfaz Científico-Política (SPI, por sus siglas en inglés) actúa como mecanismo especializado que refuerza la base científica de la Convención y asegura que las decisiones políticas se apoyen en el mejor conocimiento disponible. Entre sus principales aportaciones destacan el liderazgo científico del informe “Global Land Outlook” y la cooperación con otros paneles e iniciativas internacionales, consolidándose como puente entre la ciencia y los responsables políticos.
