El Gobierno de España ha presentado este miércoles la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una hoja de ruta que da continuidad y coherencia al conjunto de políticas públicas destinadas a garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios en España, abordando las desigualdades y desafíos demográficos desde un enfoque integral.
"La Estrategia identifica prioridades en vivienda, en movilidad de proximidad y en prestación de servicios básicos, donde es fundamental esa aproximación de cooperación multinivel. La equidad territorial no se puede conseguir solo desde el Gobierno central. Necesitamos la cooperación de todos los actores y las administraciones públicas", ha afirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, al intervenir en el acto de presentación celebrado en el Espacio Cultural de La Benéfica de Piloña, (Asturias), en el que también ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Estrategia, como documento rector de la política territorial en España, establece las grandes líneas de acción y medidas para cada uno de los niveles de la Administración, de acuerdo con sus competencias, e interpela a la sociedad civil, buscando la máxima integración. Se configura como un texto “vivo” y en continua actualización, que podrá completarse con análisis sectoriales hacia temáticas concretas (vivienda, transporte, relevo generacional, inclusión o perspectiva de género) y análisis territoriales, que puedan facilitar la elaboración de estrategias locales integradas.
EL DERECHO A DECIDIR DÓNDE VIVIR
Tal y como se recoge en la Estrategia, presentada en el marco de la European Rural Youth Conference 2026, la política de reto demográfico, equidad territorial y lucha contra la despoblación no solo beneficia a las personas que habitan los territorios más despoblados, un 12% de la población, sino que repercute en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, es un desafío de país que incide en la competitividad económica, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión social y territorial.
Este documento, al situar la perspectiva en la equidad territorial, contribuye a garantizar que los ciudadanos, sin importar donde vivan, tengan acceso efectivo a servicios, oportunidades y derechos. No se trata solo de frenar la pérdida de población, sino de asegurar que residir en un municipio rural sea una opción viable, digna y libre.
CINCO PILARES Y DOS EJES DE ACTUACIÓN
La apuesta por un enfoque territorial integrado, que supere la fragmentación sectorial y se articule desde el principio de resiliencia, demanda de una implicación real de todos los niveles del Gobierno: local, supramunicipal, autonómico y estatal, junto a la participación de otros actores. Para lograr esa implicación, la Estrategia se ha organizado en siete elementos fundamentales: cinco pilares verticales y dos ejes transversales, que dan sustento al resto:
- Pilar 1: Resiliencia y adaptación a la emergencia climática en los territorios: el medio rural requiere instrumentos para reconocer los servicios ambientales que presta y dotarlo de infraestructuras, empleo y servicios que aprovechen la transición ecológica.
- Pilar 2: Equidad territorial en el acceso a infraestructuras y servicios: al reducir las brechas urbano-rurales, asegurar las condiciones equivalentes de bienestar y calidad de vida en todo el territorio y lograr un acceso funcional a los servicios esenciales.
- Pilar 3: Dinamismo socioeconómico-local: al impulsar el desarrollo endógeno, la atracción de talento, la creación de empleo de calidad y la diversificación económica adaptada a las singularidades de cada territorio.
- Pilar 4: Igualdad e inclusión en los territorios: apoyo a la cohesión social, igualdad e identidad social inclusiva, que promueve el arraigo, la igualdad de oportunidades y la integración social a través de políticas activas de acogida e inclusión dirigidas a mujeres, jóvenes, familias, personas mayores, migrantes nacionales y extranjeros, y otros colectivos vulnerables o con necesidades particulares.
- Pilar 5: Cultura, identidad y arraigo: apoyo a la cultura local, preservando sus activos y promoviendo una comunicación plural y representativa de la realidad rural contemporánea, alejada de los estereotipos y visiones paternalistas, que visibilice las oportunidades, transformaciones y aportaciones del medio rural a la sociedad en su conjunto, fortaleciendo la cohesión social, cultural y simbólica del territorio, y generando orgullo de pertenencia y capital social.
- Eje transversal 6: Ciencia, investigación y herramientas de conocimiento: proporcionar datos, análisis, investigaciones y creación de conocimiento por y para el mundo rural, que sirvan a las administraciones públicas para diseñar políticas eficaces y que puedan ser puestos al servicio de la comunidad investigadora, de las asociaciones y otros actores del territorio y de la ciudadanía en general.
- Eje transversal 7: Gobernanza, perspectiva rural y planificación: reforzar la gobernanza multinivel, la participación, la escalabilidad territorial y las capacidades técnicas de las entidades locales. Actualización de los marcos normativos y refuerzo de las herramientas de análisis y conocimiento que permitan implementar el mecanismo de garantía rural y mejorar el diseño de estrategias territoriales y de las futuras políticas.
OBSERVATORIO DE EQUIDAD TERRITORIAL Y RETO DEMOGRÁFICO
Para facilitar los análisis territoriales, la Estrategia irá acompañada de la creación de un Observatorio de Equidad Territorial y Reto Demográfico, como herramienta de análisis basada en distintos indicadores. Este Observatorio estudiará cada territorio, facilitando que el diseño de políticas públicas y actuaciones sea más adaptado a sus necesidades concretas.
NUEVO PLAZO DE CONSULTA PÚBLICA
La tramitación de la nueva Estrategia se inició en enero de 2025, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) hizo la apertura de la Consulta Pública Previa, que recibió 193 aportaciones de entidades del mundo rural, municipios y particulares, algunas de las cuales reunían aportaciones de distintas entidades. A su vez, el texto se enriqueció con talleres con la sociedad civil en el Foro de Cohesión Territorial, el asesoramiento de dos paneles de expertos, y los debates con las comunidades autónomas en el marco de la Comisión Sectorial de Reto Demográfico.
Con el objetivo de definir una estrategia aún más consensuada, el MITECO someterá el documento a un segundo proceso de Consulta Pública, abierto a administraciones, empresas, asociaciones y público en general, que podrán remitir desde este miércoles sus aportaciones. Tras la incorporación de los criterios que procedan, el texto definitivo se elevará al Consejo de Ministros.
AVANCES EN MATERIA DE RETO DEMOGRÁFICO
En 2019 se aprobaron las líneas generales de la primera Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuyo principal objetivo era sentar las bases de un proyecto de país que garantizase la igualdad de oportunidades en todo el territorio, mediante la coordinación de los distintos niveles administrativos y la colaboración público-privada.
La aplicación de esta primera estrategia permitió mejorar la calidad de vida en los pequeños municipios, especialmente gracias al despliegue del Plan 130 Medidas ante el Reto Demográfico, que movilizó más de 13.000 millones de euros entre 2021 y 2024. El cierre de la brecha digital, el impulso de la transición energética en el medio rural, la puesta en marcha de la Red de Centros de Innovación Territorial (RedCIT), que ha impulsado decenas de iniciativas rurales innovadoras en los 25 centros que forman parte de la Red, o la creación del exitoso programa Campus Rural, que ya ha llevado a más de 2.000 universitarios a desarrollar sus prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes, son algunas de las iniciativas puestas en marcha bajo el paraguas de la primera Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Estas medidas, impulsadas desde el Gobierno en coordinación con los distintos niveles de la Administración, el sector privado, las entidades públicas y la sociedad civil, han comenzado a revertir la tendencia a la despoblación, permitiendo que los municipios con menor población hayan sumado más de 150.000 habitantes y hayan tenido un saldo migratorio positivo de 440.000 personas en los últimos siete años.