El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por medio del Instituto para la Transición Justa (ITJ), abre una consulta pública previa para modificar las bases reguladoras de las ayudas dirigidas a municipios de transición justa con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de ampliar el plazo de ejecución de los proyectos municipales financiados con dichas ayudas más allá del próximo 30 de junio. La consulta está disponible aquí.
Las bases reguladoras de estas convocatorias se recogen en la Orden TED/1476/2021, de 27 de diciembre, y en la Orden TED/1381/2023, de 21 de diciembre. Ambas convocatorias han concedido ayudas a 126 proyectos de infraestructuras municipales en zonas de transición justa, con una dotación total de 116 millones de euros.
UNOS 40 AYUNTAMIENTOS, POTENCIALES BENEFICIARIOS
Ante el riesgo de que algunos municipios no puedan finalizar las actuaciones en el plazo previsto —se estima que alrededor de 40 ayuntamientos podrían verse en una situación compleja, con obras sin terminar y con la obligación de reintegrar la totalidad de los anticipos recibidos, incluidos los intereses de demora—, el ITJ asumirá con fondos propios, cuando sea preciso, la cobertura financiera necesaria para permitir la ampliación de los plazos.
La orden en la que se está trabajando permitirá que los beneficiarios cuyos proyectos no puedan finalizarse antes del 30 de junio de 2026 soliciten una modificación de la resolución de concesión para ampliar el plazo de ejecución más allá de esa fecha. Esta solicitud deberá presentarse, como máximo, antes del 31 de mayo de 2026.
El 25 % de los municipios beneficiarios tiene menos de 500 habitantes y el 50 % cuenta con entre 501 y 5.000 habitantes, lo que evidencia la limitada capacidad administrativa y técnica de muchas de estas entidades locales. Por lo tanto, la medida pretende garantizar un marco temporal más amplio que permita finalizar los proyectos.
AMPLIACIÓN SUJETA A COFINANCIACIÓN
La ampliación de plazo llevará aparejada una obligación de cofinanciación por parte de las entidades beneficiarias. En el caso de los proyectos correspondientes a la primera convocatoria, dicha cofinanciación se eleva a un máximo del 5% del importe de la subvención concedida. Y en el caso de los proyectos de la segunda convocatoria, la cofinaciación llega hasta el de 2% del importe de la ayuda.
El proceso de modificación de la orden se somete ahora a consulta pública previa como parte del procedimiento de tramitación normativa. Sin embargo, el cumplimiento de los hitos del PRTR asociados a estas convocatorias está garantizado, ya que dichos hitos se refieren a la adjudicación de los proyectos y no a su ejecución. Por tanto, esta medida no afectará a los desembolsos que España debe recibir en el marco de este instrumento europeo.