Después de seis convocatorias, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) pone broche final al programa de ayudas CE Implementa, de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas. La línea se cierra con la incorporación de otras 20 nuevas iniciativas de autoconsumo participativo, lo que eleva a 262 el número de comunidades energéticas subvencionadas y a 108,4 millones de euros los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) asignados a la promoción de esta fórmula de autoconsumo renovable en toda España. En paralelo, el Ministerio ha lanzado la consulta pública previa para una nueva convocatoria de ayudas -la segunda- del programa de Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC), entidades claves para impulsar la constitución de nuevas comunidades energéticas y sus proyectos asociados en todo el territorio.
Desde su inicio, hace poco más de cuatro años, la línea CE Implementa y el programa hermano CE Oficinas (OTC), ambos gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), han supuesto un estímulo decisivo y pionero para el despegue de las comunidades energéticas en sus distintas modalidades. Igualmente, han facilitado a través de ellas la participación de los consumidores -ciudadanos, empresas o administraciones locales- en el sistema energético, democratizándolo, contribuyendo a asentar el despliegue renovable en el territorio y al cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
APOYO A 262 COMUNIDADES ENERGÉTICAS
Con la incorporación de las últimas 20 comunidades energéticas a la resolución definitiva de la quinta convocatoria -puede consultarse aquí- se eleva a 262 el número de comunidades energéticas en marcha en todo el país bajo el paraguas de este programa de incentivos, el de mayor número de ediciones entre los gestionados por el MITECO y el IDAE para el impulso de la transición energética.
Por su parte, y dentro del mismo paquete de ayudas a las comunidades energéticas con fondos NextGenEU del PRTR, la línea de Oficinas de Transformación Comunitaria ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras, ya operativas en toda la geografía nacional, con una inyección adicional de 18,4 millones de euros en su primera edición. La segunda convocatoria contará con una dotación de 10 millones de euros, concedidos al IDAE a través de un crédito extraordinario según lo dispuesto en el RD-ley 7/2026, de 20 de marzo, de respuesta a la crisis en Oriente Medio.
EXPANSIÓN TERRITORIAL
Por territorios, Cataluña es la comunidad con más proyectos de comunidades energéticas en curso (72) de los subvencionados en las seis convocatorias de CE Implementa, seguida de Castilla y León (40) y Andalucía (34). El resto se reparten entre Euskadi (18), Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia, con 16 respectivamente, Castilla-La Mancha (14), Extremadura (10), Madrid (9), Navarra (5), Murcia (4), Asturias, Canarias y Cantabria -dos cada una- y, finalmente, Baleares y La Rioja, ambos con una única comunidad energética beneficiaria.
La totalidad de esas iniciativas (262) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y en una gran mayoría se incorpora sistemas de almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (95) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (124) y para la instalación de energías renovables térmicas (14), como la aerotermia y la biomasa.
En conjunto, los proyectos beneficiarios implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 175.302,62 kW de energía eléctrica de origen fotovoltaico y 4.925,67 kW de térmica. También sumarán 85.505,48 kWh de almacenamiento y 420 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos, así como 34 sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y 45 de adquisición de vehículos eléctricos.
COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES
A lo largo de las seis ediciones de CE Implementa se han atendido realidades distintas e impulsado diferentes modelos de comunidades energéticas: tres de las convocatorias seleccionaron iniciativas de escala reducida y menos de un millón de inversión, muchas de ellas en pequeños municipios, y otras de mayor calado, con inversiones previstas por encima de esa cuantía. El objetivo ha sido siempre fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente, permitiéndose que cada comunidad energética pudiera impulsar varias propuestas.
En cuanto a la tipología de los beneficiarios, son todas cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 111.166 miembros o socios beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas; una cifra que podrá seguir creciendo en la medida en que puedan sumar nuevos usuarios asociados.
De las 262 comunidades energéticas subvencionadas, 159 operarán en municipios de Reto Demográfico y siete en zonas de Transición Justa, lo que refleja el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio.
VOCACIÓN SOCIAL
La participación de la ciudadanía en la transición energética es uno de los objetivos básicos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrolla su actividad, más que una rentabilidad financiera.
Estas entidades tienen diversos beneficios para sus miembros y para las localidades en las que se ubican. Permiten a los ciudadanos producir energía renovable y reducir su dependencia de los combustibles fósiles, generan empleo y actividad económica en los municipios en los que operan y contribuyen a la lucha contra el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto a su constitución, pueden ser agrupaciones o cooperativas existentes que entran en el ámbito energético, o nuevas creadas para ese fin. También proyectos colectivos, desde agrupaciones ciudadanas que promueven un pequeño parque solar o eólico a las afueras de un municipio a otros más integrales que combinen distintas tecnologías.
Su impacto trasciende al sector energético; ayudan en la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética y promueven mejoras sociales en la comunidad. Por ello, son una figura especialmente interesante para los municipios de reto demográfico, ya que, al estar cercanas al territorio, conocen sus puntos sensibles y las ventajas que pueden ofrecer, al tiempo que ayudan a dinamizar la actividad local, generar empleo y fijar población. Y concuerdan con el mandato de “la ciudadanía en el centro de la transición energética” incluido tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) como en el PRTR.