El Real Decreto continúa la línea marcada por la Directiva RAEE2 y su objeto principal es regular la prevención y reducción de los impactos adversos como consecuencia de la generación de los RAEE, determinar los objetivos de recogida separada y de valorización de estos residuos, además de establecer los procedimientos para su correcta gestión, trazabilidad y contabilización.
De conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, este Real decreto pretende:
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Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir sus impactos globales.
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Incorporar la jerarquía de residuos como principio de la política de residuos a través de medidas sobre prevención en la generación de RAEE y a valorar la preparación para la reutilización de los mismos, incluyendo objetivos específicos desde 2017 para los productores de AEE.
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Contribuir al desarrollo sostenible y al estímulo del empleo verde.
Asimismo, entre los objetivos más importantes del Real Decreto destacan:
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Cumplir con los nuevos objetivos comunitarios de recogida y gestión de RAEE mejorando la trazabilidad y el control sobre la recogida y gestión de estos residuos.
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Dotar de claridad normativa y describir las obligaciones de todos los agentes implicados en la cadena de RAEE, desde su aparición en el mercado como AEE hasta su recogida y gestión como residuo, así como sistematizar las obligaciones de información de los agentes.
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La constitución de un único instrumento de datos de RAEE a nivel autonómico y estatal que garantice la trazabilidad de cada fase del residuo (Plataforma electrónica de gestión de RAEE) y que será supervisado por las administraciones públicas.
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Asegurar la coherencia y homogeneidad de la gestión de los RAEE en todo el territorio así como la unidad de mercado.
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Garantizar la competitividad del sector de los fabricantes de AEE y del sector de gestión de RAEE.
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Fomentar el ecodiseño de AEE por parte de los fabricantes.
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Optimizar la gestión de los RAEE bajo responsabilidad ampliada del productor (RAP).
