Resumen
El Plan de Contratación Pública Ecológica 2026-2033 constituye el instrumento de planificación de la Administración General del Estado para impulsar la incorporación sistemática de criterios ambientales en la contratación pública durante el periodo 2026-2033. Su finalidad es aprovechar el poder de compra del sector público para contribuir a la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, la economía circular y la transformación de los mercados hacia soluciones más sostenibles.
El Plan se aplica a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y la Administración de la Seguridad Social, ampliando el ámbito subjetivo de aplicación del plan anterior para incluir a la totalidad de los organismos públicos estatales. Esta ampliación pretende reforzar la coherencia de la actuación pública y aumentar el impacto de la contratación pública como instrumento de transformación ambiental.
El documento se desarrolla en un contexto marcado por la creciente relevancia de la contratación pública estratégica y por la evolución del marco normativo europeo, que incorpora nuevas exigencias relacionadas con la eficiencia energética, el ecodiseño, la economía circular, la resiliencia climática y la descarbonización. Ante este escenario, el Plan prioriza el desarrollo de capacidades, herramientas y mecanismos de apoyo que faciliten la aplicación práctica, proporcionada y jurídicamente segura de los criterios ambientales en los procedimientos de contratación.
El Plan adopta una visión integrada de la sostenibilidad ambiental en la contratación, alineada con los seis objetivos medioambientales de la Unión Europea y orientada por el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH). Para alcanzar sus fines, el Plan establece cuatro objetivos estratégicos:
- Impulsar la incorporación de criterios ambientales en la contratación pública.
- Contribuir a la descarbonización y a la resiliencia climática.
- Favorecer la economía circular.
- Orientar los mercados hacia soluciones sostenibles.
El Plan se articula a través de seis líneas de actuación y veintidós medidas. Estas actuaciones se centran en la formación y capacitación de los empleados públicos; el desarrollo de herramientas, guías y recursos de apoyo a la contratación pública ecológica; el impulso de la descarbonización mediante la consideración de la huella de carbono y otros criterios climáticos; la integración de la resiliencia climática en las inversiones públicas; el fomento de la economía circular mediante el uso del coste del ciclo de vida, la reutilización y el empleo de materiales reciclados; y la aceleración de la transición energética y la descarbonización de los edificios públicos.
Por último, el Plan prevé un modelo reforzado de gobernanza basado en la creación de un Grupo Permanente de Trabajo en el seno de la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, mecanismos de seguimiento y evaluación periódica, la definición de Programas Anuales de Trabajo y el uso progresivo de herramientas digitales para facilitar el análisis y el seguimiento de su implementación.
Con todo ello, se pretende consolidar la contratación pública ecológica como una herramienta estratégica al servicio de toda la Administración General del Estado.
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