Resumen
De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas y con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural pretende modificar el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Dicho real decreto incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS).
La nueva norma tendrá como objetivo dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa comunitaria en relación a la protección de la salud humana y del medio ambiente, en lo relativo a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), mediante la aplicación de 2 nuevas normas europeas:
- Por un lado transponer a nuestro ordenamiento jurídico los nuevos requerimientos de la Directiva (UE) 2017/2102, por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, mediante la modificación de parte del articulado del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
- Por otro lado transponer a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva Delegada (UE) 2017/1975, que modifica el anexo III de la Directiva 2011/65/UE, para adaptarlo al progreso científico y técnico, a través de la modificación del anexo III del real decreto anteriormente citado.
Se ha de valorar si procede el desarrollo de un real decreto como instrumento que contribuya a cumplir los requerimientos anteriormente indicados.
En relación al tema planteado, y al objeto de dar cumplimiento al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y al artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El plazo para remitir sugerencias comenzó el 28 de marzo y finalizó el 17 de abril de 2018.
Termini de remissió
Termini per presentar al·legacions des del dia dimecres, 28 de de març de 2018 fins al dia dimarts, 17 de d’abril de 2018