(Artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno)
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental pretende elaborar un nuevo Real Decreto que sustituya al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
1. Antecedentes de la norma.
• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (directiva marco de residuos).
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
• Directiva 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
• Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, actualmente en tramitación en el SENADO. (621/000042).
• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
2. Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
Solventar y precisar las deficiencias o ambigüedades detectadas durante la vigencia del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, así como adecuar los preceptos a la normativa actual en materia de residuos, tales como:
• Criterios de calidad mínimos que deben cumplir los aceites de base regenerados.
• Sistemas de responsabilidad ampliada de los productores.
• Obligaciones de información.
• Garantías.
• Traslados de residuos.
3. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
La norma que se propone elaborar resulta necesaria en tanto en cuanto se trata de una regulación de 2006, por lo que resulta necesario adaptarla al progreso técnico y se ha de adaptar a la regulación básica estatal en materia de residuos.
La oportunidad deriva de la próxima aprobación del Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, actualmente en tramitación en el Senado.
4. Los objetivos de la norma.
Revisar la normativa de 2006 para adaptarla al nuevo régimen previsto en la normativa de la Unión Europea, incorporado en el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en base a su disposición final quinta, y en especial en lo referente a conceptos y definiciones, regulación de la responsabilidad ampliada del productor, obligaciones de información, garantías, etc., así como establecer criterios concretos para su gestión de una forma medioambientalmente correcta y nuevos objetivos que permitan avanzar en la aplicación de la jerarquía de residuos y los principios de la economía circular.
5. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Como alternativa no regulatoria, se podría considerar la posibilidad de que en cada autorización de instalaciones y gestores de aceites industriales usados se establezcan condiciones sobre su tratamiento, lo que conllevaría disparidad de criterios en todo el territorio nacional.
No obstante, tal posibilidad no es viable, dado que el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de próxima aprobación, obliga en su disposición final quinta a adaptar la regulación existente sobre responsabilidad ampliada del productor antes de enero de 2023, lo que aplicaría al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio.
Otra alternativa regulatoria podría ser llevar a cabo una revisión parcial del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, si bien se considera más oportuno elaborar un real decreto nuevo que derogue al ya existente.
En consecuencia y de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto normativo por el que se regule la gestión de los aceites industriales usados, se sustancia una consulta pública, a través del portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, sobre las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias y las propuestas al efecto.
Por ello, se solicitó que se enviasen las pertinentes sugerencias, antes del 16 de febrero de 2022.