El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido con Mercedes Morán Álvarez, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en la ronda de encuentros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene con las comunidades autónomas para compartir el escenario técnico de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones.
En la reunión, con la participación de técnicos del Gobierno autonómico, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema, ambas administraciones han coincidido en la oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación. Tras el empuje a la integración renovable que ha propiciado la vigente Planificación 2021-2026, la nueva propuesta se orienta a facilitar la conexión de nueva demanda, con el objeto de apoyar la descarbonización de la industria española, consolidar nuevos proyectos con alto impacto social, promover la vertebración territorial y, en definitiva, facilitar la generación de oportunidades de valor ligadas a la transición energética.
En esta línea, los dos ejecutivos han analizado las grandes líneas de la propuesta inicial, valorando que contemple, de partida, actuaciones relevantes dirigidas a asegurar la descarbonización y desarrollo industrial en Extremadura, tanto en red de transporte como en red de distribución. Concretamente, el aumento previsto de capacidad en las redes permitirá atender en 2030 a más del doble de la demanda máxima de electricidad registrada en la Comunidad Autónoma el año pasado, de 1,6 GW. El aumento de capacidad previsto supera ampliamente la demanda máxima de electricidad de 1,6 GW registrada el año pasado.
Este aumento del consumo energético permitirá materializar nuevos proyectos industriales estratégicos en ámbitos como automoción, almacenamiento, producción de combustibles sintéticos y de equipos de renovables entre otros, así como facilitar el desarrollo de polígonos industriales y reforzar la infraestructura ferroviaria.
Con relación a la producción de electricidad, se proponen actuaciones que permitan mantener el desarrollo y mejorar la integración de generación renovable, reforzando ejes para la evacuación de generación e incorporando proyectos de almacenamiento.
En total, de plantean actuaciones en 86 posiciones de la red y en 19 subestaciones.
El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, calificó la reunión con la Junta de Extremadura como “muy productiva” y destacó que ha permitido detallar el impacto que tendrá la nueva planificación energética en la región. “Damos respuesta a una parte muy significativa de las cuestiones que nos trasladó en su momento la Junta”, señaló, subrayando que el incremento de capacidad previsto está alineado con el auge de proyectos industriales que están llegando a Extremadura atraídos por su potencial renovable. Además, avanzó que la propuesta se someterá a trámite la próxima semana, abriendo así un periodo de alegaciones y aportaciones en que se podrán plantear nuevas necesidades que no se hubieran previsto en la fase inicial de solicitudes.
CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN
La propuesta inicial de Planificación con horizonte 2030 se ha elaborado siguiendo criterios técnicos en base a las aportaciones presentadas en la fase de propuestas, así como las prioridades del Ejecutivo extremeño. El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación.
Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto propuestas presentadas, teniendo en cuenta los principios rectores de la Planificación.
El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera. Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.
UNA OPORTUNIDAD PAÍS
El pasado 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las líneas maestras de la primera propuesta de Planificación, que prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros. Las aportaciones recibidas en la elaboración de la propuesta evidencian el interés por materializar en España todo tipo de proyectos, gracias a la competitividad de los precios energéticos que proporciona la alta penetración de renovables en el sistema eléctrico. De hecho, desde 2020 se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos de demanda de energía –industria, vivienda, centros de datos, vehículos eléctricos…– que suman más de 43 GW, un volumen superior al de la demanda máxima del país, de 38,2 GW en 2024.
En el proceso de elaboración de la propuesta de planificación, se han recibido muchas más peticiones de acceso a las redes. En consecuencia, el MITECO quiere que el incremento de capacidad de las infraestructuras previsto en la propuesta de Planificación permita materializar los mejores proyectos, aquellos que aporten más beneficios socioeconómicos con el menor impacto ambiental. A la par, quiere evitar que los consumidores experimenten una subida de las facturas eléctricas asociado al mayor tamaño de las redes si no van ligadas a proyectos efectivos y reales de demanda.
Así, tras un análisis detallado de las peticiones de acceso recibidas, la propuesta inicial de planificación del MITECO estima atender demandas por 27,7 GW para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución, cifra que puede redundar en una capacidad mayor en estas redes en función de la configuración en cada caso. A este volumen de capacidad, equivalente al 85% de la demanda máxima actual, se le añadirá progresivamente la capacidad que se libere cuando caduquen, a los cinco años de haber sido otorgados, los derechos de acceso concedidos desde 2020 para grandes proyectos que no hayan logrado ejecutarse.