La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha presentado hoy las líneas maestras de la Propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, que saldrá a información pública próximamente. La Propuesta, que prevé una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, estará orientada a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales. La vicepresidenta igualmente ha expuesto las claves del Proyecto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica –ligado a la Propuesta de planificación–, que hoy inicia el trámite de audiencia y puede consultarse aquí.
“Hoy presentamos un marco para desarrollar una red eléctrica que nos permita seguir electrificando nuestra economía, una oportunidad país. Es un marco para anticipar el despliegue de redes durante esta década, impulsar proyectos de descarbonización y modernización de la economía y reforzar la competitividad de España. Avanzamos y necesitamos, ahora más que nunca, aunar esfuerzos ante el mayor reto que tenemos por delante, el cambio climático. Por eso es necesario alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que anticipe y refuerce actuaciones y nos permita estar preparados, donde esperamos contar con todos los agentes” ha señalado Aagesen, durante la presentación, a la que puede accederse aquí.
CALIDAD Y COSTES CONTENIDOS PARA LOS CONSUMIDORES
España tiene unas redes eléctricas con unos indicadores de calidad por encima de la media de los países de nuestro entorno y con una sobresaliente capacidad de integración de renovables, a la vez que contiene el coste de las infraestructuras para los consumidores. En los últimos años también ha acaparado el interés del tejido económico, por el bajo precio de la electricidad que proporcionan las renovables, y desde 2020 se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos de demanda de energía –industria, vivienda, centros de datos, vehículos eléctricos…– que suman más de 43 GW.
Las anteriores planificaciones de electricidad se centraron en atender las peticiones de acceso para generación –en la vigente las renovables representaban el 67% de las peticiones de conexión–, mientras que las peticiones de acceso para demanda tenían un crecimiento vegetativo, muy escaso en el sector residencial, y sólo alimentado por la red ferroviaria. En cambio, el principal motor de la próxima Planificación es la demanda, que representa el 41% de las solicitudes recibidas, más de 7.000, seguida por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%. El número de peticiones no sólo se ha multiplicado por cinco, sino que los consumos son de mayor tamaño y ha cambiado notablemente su tipología.
PETICIONES DE ACCESO A DEMANDA
La Propuesta de planificación plantea atender 27,7 GW desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW de la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución), repartidos de la siguiente forma:
- 9 GW para proyectos industriales.
- 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas.
- 560 MW para electrificación ferroviaria.
- 1,2 GW para electrificación portuaria, que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra.
- 13,1 GW para producción de hidrógeno verde.
- 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.
PETICIONES DE ACCESO A GENERACIÓN
En el caso de la generación, las peticiones de nuevas instalaciones de renovables están alienadas con los objetivos establecidos para 2030, lo que muestra que se mantiene el atractivo del país en este ámbito: hay peticiones por 60 GW de nueva eólica –el doble de lo previsto en el PNIEC–, otros 150 GW de fotovoltaica –cinco veces más que en el PNIEC– y más de 100 GW de almacenamiento, que multiplican por nueve las previsiones del PNIEC.
La Propuesta, plantea actuaciones de mejora en el 21% de la red y nuevos ejes para cohesionar y vertebrar más el territorio, con especial incidencia en zonas rurales. Estos refuerzos, por otro lado, facilitarán la integración de las renovables y el almacenamiento previsto –incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible–, limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3%.
El escenario del Propuesta prevé una inversión de 13.590 millones, muy superior a la vigente Planificación 2021-2026, cuya inversión asciende a 8.203 millones, incluyendo las dos modificaciones puntuales que ha experimentado.
INCREMENTO DE LOS LÍMITES DE INVERSIÓN EN LAS REDES
Para alcanzar ese ritmo de electrificación de la economía es necesario reforzar la regulación vigente para incrementar el volumen máximo de inversión en las redes de transporte y distribución con cargo al sistema eléctrico, pero manteniendo la protección de los consumidores. Así, se ha iniciado la audiencia pública de un Proyecto de real decreto que promueve el aprovechamiento de las redes existentes –incentiva la incorporación a la red de infraestructuras de evacuación o de consumo que suministren a más de un consumidor–, y promueve el uso de tecnologías inteligentes, todo ello estableciendo un sistema de seguimiento de la correcta ejecución de las inversiones.
Atendiendo a este incremento, hasta 2030 se prevé un aumento de la inversión en redes de 3.600 millones para las redes de transporte y de 7.700 millones para distribución, por encima de los niveles del 0,065% y 0,13% respecto al PIB que se proyecta para los próximos años. A ello hay que sumar las inversiones en interconexiones internacionales, no sujetas a los límites de inversión, así como inversiones financiadas con fondos europeos
INVERSIÓN EN DISTRIBUCIÓN ORIENTADA AL CONTROL Y LA DEMANDA
En el caso de la red de distribución, el destino de este volumen de inversión adicional está condicionado a que se destine a mejorar la red, a cubrir nuevas necesidades de consumo –contribuyendo a compartir y compensar el coste del despliegue de infraestructuras en las facturas de los consumidores–, y a proteger la avifauna contra colisión y electrocución. Con más detalle:
- Al menos el 10% debe mejorar el control de tensión e incorporar telemando y telecontrol, con la finalidad de aumentar la visibilidad y la transparencia de datos, entre otras ventajas.
- Un máximo del 15% podrá ser para inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas a ejecutar durante los tres años siguientes en zonas sin red donde se prevea una dinamización de las demandas y la atracción de industria.
- Hasta un 5% en adaptar las redes existentes para proteger la avifauna, ya que las nuevas se diseñan y construyen con criterios de protección.
- Inversiones necesarias para satisfacer demandas de industrias extractivas o manufactureras, demandas residenciales y descarbonizar la movilidad.
En el caso de las redes de transporte, el Proyecto incluye una disposición para que las nuevas posiciones de las subestaciones puedan asignarse a cubrir necesidades concretas de determinados consumidores, como la red ferroviaria o la industria.
MAYOR TRANSPARENCIA Y CONTROL
La propuesta incrementa la transparencia y el control del proceso de inversión de las compañías distribuidoras, reduciendo la incertidumbre sobre la ejecución de las infraestructuras. De esta manera, introduce la obligación de someter sus planes de inversión a consulta previa y establece la publicación de los planes aprobados. También prevé un sistema de control anual del cumplimiento de dichos planes, así como penalizaciones, para asegurar que las inversiones se ajustan a lo previsto.
Por ejemplo, las empresas perderán un 25% del volumen de inversión incremental –adicional al cubierto por el límite del PIB– si durante los dos años previos a la entrada en vigor de este Real Decreto no hubieran alcanzado el 80% de sus límites particulares de inversión; perderán el 10% si han invertido por debajo del 75% de la inversión aprobada en los tres años previos; y lo perderán totalmente si no presentan su informe anual de cumplimiento o si durante dos años consecutivos no han hecho uso del volumen de inversión incremental asignado
COMPETITIVIDAD DE LA FACTURA ELÉCTRICA
La protección de los consumidores y la preservación de precios competitivos de la electricidad también es un elemento esencial y rector de las actuaciones previstas en la Propuesta de planificación y en el Proyecto de real decreto. Por eso se prevén condiciones para el despliegue de las infraestructuras y que se mantenga el equilibrio entre el crecimiento de la red y el incremento de la demanda, con el objetivo de minimizar la incidencia en la factura y seguir atrayendo proyectos y tejido productivo; esto, unido a la mayor penetración de renovables, que reduce los precios de la energía, contribuirá a mantener el atractivo inversor de España.
Por otro lado, al efecto positivo directo de la inversión en redes en el ámbito eléctrico, se añaden los efectos dinamizadores sobre el tejido productivo y el empleo en general: algunos estudios calculan que cada millón de euros invertido en redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo, de modo que el efecto del proyecto regulatorio será beneficioso para el conjunto de la economía.
Los interesados pueden presentar sus alegaciones al Proyecto de real decreto de real decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica hasta el 6 de octubre, en el cuestionario al que puede accederse aquí.