Plan Social para el Clima (PSpC)

El Plan Social para el Clima (actualmente en fase de borrador) constituye una oportunidad para avanzar hacia un modelo energético más limpio y eficiente, mediante la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y el impulso de la electrificación y las energías renovables.

Se orienta a promover inversiones sostenibles en todo el territorio y a facilitar soluciones que modernicen la economía y fomenten la innovación. En particular, este enfoque se dirige a los sectores del transporte por carretera y de la edificación, en el contexto de la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (ETS2).

Para ello, el borrador del Plan impulsa medidas orientadas a reducir la pobreza energética mediante la financiación de actuaciones de rehabilitación de viviendas y la mejora de los sistemas de calefacción y refrigeración. Asimismo, promueve una movilidad más limpia, facilitando el acceso a vehículos de cero emisiones y fomentando el uso del transporte público. Todo ello con un enfoque de justicia social, prestando especial atención a las zonas rurales, remotas y urbanas desfavorecidas, para que la transición energética se convierta en una oportunidad de progreso y bienestar para toda la ciudadanía.

El Fondo, financiado con los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión (ETS2), permite a los Estados miembros desarrollar planes nacionales orientados a abordar de manera eficaz la transición energética en los sectores de los edificios y del transporte por carretera. La recepción de los recursos financieros está supeditada al cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en dichos planes, en línea con el marco de seguimiento y evaluación previsto por la Unión Europea. Asimismo, la dotación procedente del Fondo debe complementarse con una contribución nacional equivalente al 25 % de la financiación total, reforzando así el compromiso de los Estados miembros con la ejecución de las medidas previstas.

El borrador del Plan se enmarca en el Fondo Social para el Clima y en la futura implementación del sistema europeo de comercio de derechos de emisión para edificios y transporte por carretera (ETS2).

Su desarrollo está condicionado a la trasposición de la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023, que modifica la Directiva 2003/87/CE. En este sentido, el acceso a los fondos requiere, como condición necesaria, la trasposición de dicha Directiva al ordenamiento jurídico nacional, proceso que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria. 

Cabe señalar que las medidas incluidas en el presente borrador del Plan tienen carácter de propuesta y no son definitivas, encontrándose actualmente en fase de negociación y diálogo con la Comisión Europea. Este proceso se desarrolla con la participación activa y coordinada de todos los ministerios implicados, en un enfoque colaborativo y transversal. Asimismo, el desembolso de los fondos estará vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos previamente establecidos, de tal forma que, una vez realizadas las verificaciones oportunas por parte de la Comisión, se procederá a la liberación de los recursos conforme a lo previsto en el marco del Reglamento (UE) 2023/955.

El borrador del Plan se integra en el conjunto de políticas públicas nacionales y europeas en materia de energía, vivienda, movilidad y justicia social. Refuerza y complementa iniciativas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, el Plan Estatal de Vivienda, la Ley de Movilidad Sostenible y la Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, en el marco de las políticas de vivienda, transporte y cohesión territorial.

El borrador del Plan impulsa la transformación del parque residencial mediante actuaciones orientadas a mejorar la eficiencia energética y fomentar el uso de energías renovables. A través de estas medidas se busca favorecer la modernización del parque edificado y contribuir a un mayor confort en los hogares.

Principales líneas de actuación · Dotación presupuestaria 4.723 M € 

• M1. Rehabilitación de barrios vulnerables: intervenciones integrales en barrios priorizados para mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir emisiones de CO₂ y reforzar las condiciones de habitabilidad.
• M2. Rehabilitación de edificios residenciales: actuaciones de rehabilitación energética en edificios de viviendas con residentes vulnerables, centradas en la envolvente térmica y los elementos comunes para disminuir la demanda energética.
• M3. Rehabilitación de viviendas: mejoras energéticas en viviendas individuales cuando no sea viable actuar sobre el conjunto del edificio, adaptadas a las necesidades específicas de los hogares vulnerables.
• M4. Promoción de vivienda social: construcción o rehabilitación de inmuebles para ampliar el parque de vivienda social con altos estándares de eficiencia energética e integración de energías renovables.
• M5. Comunidades energéticas y consumidores activos: apoyo a proyectos colectivos que incluyan a personas vulnerables, facilitando acceso gratuito a parte de la energía o los ahorros generados mediante autoconsumo, almacenamiento, renovables y gestión de la demanda.
• M6. RED-ACTÚA: creación y fortalecimiento de oficinas de atención y acompañamiento que actúen como ventanilla única para combatir la pobreza energética y del transporte, promoviendo además el autoconsumo y la capacitación de profesionales.
• M7. Intervención exprés y rehabilitación: actuaciones rápidas y de bajo coste en viviendas vulnerables para mejorar el confort y la eficiencia energética.

El borrador del Plan promueve un sistema de movilidad más limpio, eficiente y accessible, de tal forma que se mejore la conectividad y se refuerze la cohesión territorial, impulsando un modelo de movilidad moderna.

Principales líneas de actuación · Dotación presupuestaria 4.376 M €

• M1. Movilidad rural: impulso de servicios de transporte a demanda, movilidad compartida y soluciones innovadoras en zonas donde el transporte colectivo convencional no resulta viable, mejorando el acceso a una movilidad sostenible.
• M2. Transporte público asequible y accesible: apoyo a infraestructuras prioritarias para el autobús y al Abono Único Social, con el objetivo de incrementar el uso del transporte público y facilitar el cambio modal desde el vehículo privado.
• M3. Movilidad activa: desarrollo de infraestructura ciclista y ampliación de sistemas de bicicleta pública en territorios vulnerables, proporcionando alternativas de movilidad de bajo coste y cero emisiones.
• M4. Intermodalidad en el transporte público: mejora de la conexión entre bicicleta y transporte público mediante aparcamientos seguros y adaptación de material ferroviario para el transporte de bicicletas, favoreciendo desplazamientos más sostenibles.
• M5. Puntos de intercambio para movilidad compartida: creación de aparcamientos específicos para coche compartido en la Red de Carreteras del Estado, facilitando desplazamientos cotidianos más eficientes y reduciendo los costes de movilidad.
• M6. Descarbonización del transporte por carretera: apoyo a autónomos, microempresas y operadores de transporte público para la renovación de flotas hacia vehículos de cero emisiones, el despliegue de infraestructura de recarga y la mejora de la eficiencia operativa.

El borrador del Plan orienta sus actuaciones hacia hogares vulnerables, microempresas vulnerables y personas vulnerables usuarias del transporte, con el objetivo de facilitar su acceso a soluciones energéticas y de movilidad más eficientes y sostenibles. 

En materia energética, el Reglamento (UE) 2023/955 considera vulnerables a los hogares que se encuentran en situación de pobreza energética o que, incluidos los de renta baja y mediabaja, carecen de medios para mejorar la eficiencia de sus viviendas y acceder a alternativas energéticas más limpias. 

En materia de transporte, se consideran vulnerables aquellas personas y hogares que se encuentran en situación de pobreza de transporte, entendida como la dificultad o incapacidad para hacer frente a los costes del transporte o para acceder a servicios de movilidad adecuados que permitan el acceso a actividades y servicios esenciales.

El diseño del borrador del Plan Social para el Clima se apoya en un proceso participativo amplio, estructurado y alineado con el Reglamento (UE) 2023/955. Este enfoque reconoce el papel estratégico de las administraciones públicas, los agentes económicos y sociales y la sociedad civil, garantizando que las medidas respondan a las necesidades reales y a la diversidad territorial.

La implicación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales ha constituido un elemento central en la elaboración del Plan, a través de la remisión de aportaciones formales y su participación en espacios de trabajo específicos. Este enfoque ha reforzado la coordinación institucional y la integración de la perspectiva territorial en el diseño de las medidas.

Esta colaboración ha permitido incorporar de manera efectiva las particularidades geográficas, socioeconómicas y climáticas de los distintos territorios, favoreciendo un enfoque equilibrado y adaptado a la diversidad regional. Como resultado, el Plan se configura como una herramienta coherente, capaz de ofrecer respuestas ajustadas a las necesidades de cada territorio.

El borrador del Plan Social para el Clima se articula a través de un proceso de diálogo institucional de carácter transversal, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito a este ministerio. Este enfoque permite integrar de manera coherente las distintas dimensiones de la transición energética.

En este marco, el borrador cuenta con la participación activa de diferentes ministerios y organismos públicos. Entre ellos, destacan aquellos departamentos con competencias directas en los ámbitos de actuación del Plan, como el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, responsables del desarrollo de medidas.

Asimismo, el Plan se ha enriquecido mediante la colaboración con otros departamentos ministeriales como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, contribuyendo a integrar distintas perspectivas sectoriales sociales y a reforzar su enfoque transversal. Este trabajo se complementa con la colaboración con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, garantizando una acción coordinada, eficaz y adaptada a la realidad territorial. Este modelo de gobernanza refuerza la coherencia del Plan y favorece una implementación integrada de sus medidas.

El Plan se desarrollará durante el periodo 2026-2032, con un sistema de seguimiento basado en objetivos e hitos, cuyo cumplimiento el desembolso de fondos por parte de la Unión Europea. Este enfoque permitirá asegurar la correcta ejecución de las inversiones y maximizar su impacto a largo plazo.

La Unión Europea ha definido una hoja de ruta ambiciosa para avanzar hacia la neutralidad climática en 2030, con objetivos centrados en la reducción de emisiones, el impulso de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética.

Este marco se articula a través del paquete legislativo «Objetivo 55», que refuerza la acción climática en todos los sectores e incorpora nuevos instrumentos para acelerar la descarbonización, incluyendo la ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión a los sectores de los edificios y el transporte por carretera (ETS2 por sus siglas en inglés).