Resumen
El trámite de consulta pública previa tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. Mediante esta consulta pública previa se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Los suelos contaminados radiológicamente pueden adquirir esa condición como resultado de actividades industriales o de incidentes. La norma que se va a elaborar regulará la declaración de dichos suelos como suelos contaminados radiológicamente o como suelos con restricciones de uso, así como la asignación de responsabilidades y los mecanismos para su descontaminación y restauración. Asimismo, a través de esta norma se aprobará una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo por razones radiológicas.
Por otro lado, mediante esta norma se dará cumplimiento al régimen aplicable a los suelos contaminados radiológicamente establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, que incorpora parcialmente al derecho español la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom, en lo relativo a las situaciones de exposición existente.
Puede encontrar la necesidad y los objetivos de la norma en el documento del anexo.
Plazo de remisión
Plazo para presentar alegaciones desde el miércoles, 03 de abril de 2024 hasta el miércoles, 17 de abril de 2024
Presentación de alegaciones
Las observaciones podrán remitirse a la dirección de correo electrónico bzn-proyectossgen@miteco.es, indicando en el asunto “Real Decreto Suelos Contaminados Radiológicamente”, o bien a través de cualquiera de las vías indicadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No se tendrán en cuenta aquellas alegaciones que no hayan sido correctamente etiquetadas o en las que el alegante no se haya identificado.