El día 17 de febrero de 2026, el Consejo de Ministro aprueba la segunda Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2026-2030 sobre la la base de aprendizaje que ha proporcionado tanto la ejecución de la ENPE como la puesta en marcha del escudo social, se ha planteado esta nueva estrategia que busca evolucionar de un enfoque principalmente asistencial a uno estructural, centrado en trasvasar la filosofía de la transición energética - eficiencia, renovables - para mejorar y optimizar el confort energético de las personas más vulnerables.
Estrategia Nacional contra la Pobreza energética 2026-2030
La Estrategia se divide en cuatro ejes, 13 medidas y 34 acciones. Tiene tres objetivos principales que engloban actuaciones de varios ejes:
El primer objetivo es disponer de un conocimiento adecuado que permita a las Administraciones Públicas y al resto de agentes, en sus distintos ámbitos competenciales, caracterizar y abordar eficazmente la pobreza energética.
La medida estrella de este objetivo es la creación de un Observatorio sobre Pobreza Energética continuará implementando mecanismos para sintetizar la información disponible sobre pobreza energética en España, como la actualización y difusión de indicadores de pobreza energética, así como liderar nuevas actividades de monitorización y seguimiento, sirviendo además como entidad que facilite datos e información que apoyen a la toma de decisiones sobre políticas públicas.
El principal fin de este Observatorio es alcanzar una serie de indicadores y una metodología de cálculo que permite reflejar y caracterizar la situación real de los consumidores vulnerables, la incidencia de la pobreza energética a nivel nacional y el efecto de las actuaciones que se han ido realizando.
El segundo objetivo es garantizar la efectiva protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad energética. Para ello, el segundo eje establece actuaciones para implantar el principio de precaución frente a cortes de suministro, una mayor protección a los electrodependientes, una mayor protección de los consumidores frente a refacturaciones en el suministro eléctrico y de gas natural y, finalmente, la reducción del non-take up del bono social eléctrico. Además, el cuarto eje pretende mejorar en la transmisión de la información a consumidores vulnerables y su asesoramiento, destacando la medida 12 sobre la implementación de la RED-ACTÚA para mantener y crear Oficinas de Transformación Comunitarias.
Por último, el tercer objetivo es promover la implementación de medidas estructurales orientadas a reducir las necesidades energéticas de los consumidores vulnerables y, por tanto, la pobreza energética en general.
Para ello, las 5 medidas del eje tercero van enfocadas a diferentes ámbitos para reducir las necesidades energéticas de los consumidores vulnerables y su dependencia del mercado. Las medidas 7 y 8, sobre rehabilitación exprés (actuaciones de eficiencia energética que se pueden realizar sin evacuar la casa) y de rehabilitación integral de viviendas, son claves y están directamente relacionadas con el Plan Social para el Clima (actualmente en redacción).
METAS E HITOS
Se ha decidido utilizar el enfoque de hitos/actuaciones del PRTR. Se ha establecido una priorización dentro de las 13 medidas de la ENPE, que si son llevadas a cabo, se considerará esencialmente implementada.
Estas medidas, de acuerdo a la información disponible, tendrán una influencia directa e indirecta sobre la mejora de la situación de los consumidores vulnerables, así como tractoras para más ambiciosos objetivos en el siguiente periodo. Comprenden seis medidas divididas en cuatro grupos, coincidiendo con los ejes de la Estrategia, y un total de 14 actuaciones.
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Especialmente relevante ha sido el volumen de participación pública durante toda su redacción (consulta pública previa, talleres técnicos, una amplia audiencia, reuniones bilaterales con AAPP e interesados y la Mesa Social de Pobreza Energética).
Una importante novedad son las escuchas directas a personas vulnerables, a través de laboratorios ciudadanos en Toledo y Barcelona.
Acceda al extracto publicado en la ENPE sobre las jornadas.
Este afán de aunar todas las sensibilidades mantiene vigencia durante la implementación mediante la gobernanza definida. (Mesa Social, GT interadministrativo, etc.). Además, se establece explícitamente la corresponsabilidad de las comunidades autónomas, ya que éstas son competentes en vivienda, en servicios sociales, parcialmente en energía, en especial en eficiencia energética.
Esta Estrategia supone la implicación de la AGE en protección de los consumidores, pero busca también identificar buenas prácticas en el ejercicio de las competencias autonómicas, coordinar actuaciones y crear un espacio web común donde remitir a los programas específicos, mecanismos de apoyo e información de acompañamiento a consumidores vulnerables de cada una de las CCAA. El eje IV es buena prueba de ello con la medida 11.
GOBERNANZA
La ejecución de la Estrategia tendrá en cuenta el diálogo con todos los agentes, la cooperación interadministrativa y la necesidad de alinear todas las actuaciones de lucha contra la pobreza energética con otros ámbitos asistenciales sociales. Para ello, se dará continuidad a la Mesa Social de Pobreza Energética, pudiéndose convocar al nivel administrativo que sea necesario para su objetivo concreto (pudiendo ser convocada a nivel ministerial, de la Secretaría de Estado o de la Dirección General correspondiente). Además, la Mesa será convocada al menos una vez al año.
Por otro lado, y siguiendo con la medida 11, que he explicado anteriormente, se convocará, al menos una vez al año, un grupo de trabajo de coordinación interadministrativa con una vocación amplia de aunar las diferentes sensibilidades de los territorios del país, así como los distintos ámbitos y niveles competenciales como energía, servicios sociales o sanidad, pudiendo ampliarse en caso de ser necesario para una finalidad concreta.
EVALUACIÓN
Finalmente, para evaluar la correcta implementación de la Estrategia, se realizarán dos informes. Primero, un seguimiento intermedio breve de carácter cuantitativo a mitad de la ejecución de la estrategia, a publicar antes del 31 de diciembre de 2028 en el OPE.
Y, segundo, una evaluación final, más extensa, comparando la evolución e implantación de los diferentes ejes y su impacto en la reducción de la pobreza energética a publicar antes del final del segundo trimestre tras la pérdida de vigencia de la Estrategia.